El vocal independiente del Poder Judicial propuso corregir la decisión que alteró la sala que ilegalizó a Batasuna
El único vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombrado por consenso entre el PSOE y el PP, Agustín Azparren, propuso al presidente del órgano, Francisco José Hernando (conservador), que se revisara de oficio el escalafón de la carrera judicial para evitar la alteración de la composición de la Sala Especial del Tribunal Supremo que juzga a Batasuna. Esa alteración, consistente en la entrada de un magistrado conservador en lugar de otra progresista, se debió a una maniobra ordenada por Hernando por la que se retrasó la publicación de dos de los cuatro nombramientos aprobados por el CGPJ el 20 de abril de 2005.
Azparren cree que Hernando no ordenó esa maniobra con la finalidad de manipular la composición de la sala en favor de los magistrados de sensibilidad conservadora, pero considera que la alteración se ha podido producir "por error". Por eso, en una reunión informal de los vocales con el presidente del Consejo y su secretario general celebrada el pasado 22 de febrero, propuso que el órgano revisara de oficio el escalafón judicial.
Esa corrección daría entrada en la sala que juzga a Batasuna a la magistrada Encarnación Roca -apoyada por el vocal propuesto por CiU Alfons López Tena y por Montserrat Comas, propuesta por el PSOE- en sustitución de Antonio Salas, perteneciente a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y apoyado por los vocales a propuesta del PP.
Salas accedió a la Sala Especial gracias a la maniobra ordenada por Hernando, que lo convirtió en el magistrado más reciente de la Sala de lo Civil del Supremo. En caso de que el presidente hubiera tramitado la publicación de los cuatro nombramientos al mismo tiempo, habría sido Roca la que habría integrado la sala que juzga a Batasuna, que está compuesta por el presidente del Supremo, los de sus cinco salas y el magistrado de más antigüedad y el más reciente de cada una de ellas. Hasta el momento ha adoptado todas sus decisiones por unanimidad de sus miembros.
En caso de que en las próximas semanas la izquierda abertzale decidiera crear un partido para presentarse a las elecciones municipales del próximo 27 de mayo, esa sala, previa denuncia de la fiscalía, podría decidir si cumple con los criterios de la Ley de Partidos para su inscripción en el registro del Ministerio del Interior.
Según fuentes del alto tribunal, la sala también podría pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de la nueva formación durante el trámite de ejecución de la sentencia que decretó la ilegalización de Batasuna y que sigue vivo en el Supremo.
