PP y PSdeG defienden el derecho de los alcaldes a tener intereses inmobiliarios
El BNG rechaza que cargos públicos se dediquen a actividades relacionadas con la construcción
La actitud de los partidos políticos ante los alcaldes y concejales que simultanean sus cargos con el desempeño de actividades privadas en el ámbito de la construcción o la promoción inmobiliaria está muy lejos de ser homogénea. Partido Popular y PSdeG no ven inconveniente, aunque con diferentes matices, y sólo el BNG cree que se trata de una práctica incompatible con el servicio público.
Los socios en la Xunta coinciden en que los regidores "no pueden ser juez y parte"
"Ningún partido puede dar lecciones" en esta materia, asegura la popular Pilar Rojo
El PP considera que, en principio, ninguna actividad tiene que estar vetada a la hora de ejercer la política, tanto si tiene que ver con la construcción como con la medicina o la arquitectura. Pilar Rojo, ex conselleira y responsable popular en materia de urbanismo en el Parlamento de Galicia, sostiene que, "de entrada", que alcaldes y concejales se dediquen a la construcción "no tiene por qué ser sospechoso" porque "hay que creer en la honestidad" de los que accden a cargos públicos.
Rojo distingue, sin embargo, entre las personas que se dedicaban a actividades inmobiliarias antes de ser elegidos, que en su opinión tienen todo derecho a mantener sus empresas, y aquellas que comenzaron después de acceder a los gobiernos municipales. "No es lo mismo antes que después", subraya la representante del PP. Aunque no quiere pronunciarse sobre el caso del alcalde de Ourense, Enrique Nóvoa, que inició sus actividades en el ámbito inmobiliario cuando ya estaba en el Ayuntamiento.
Según Rojo lo que hay que hacer es cumplir la legislación en materia de incompatibilidades, en la que observa "poco rigor". Y cita la supuesta contratación irregular de un hermano del conselleiro de Industria, del BNG, por parte de la titular de Cultura, del mismo color político. Su partido, añade, tiene las "manos limpias" en comparación con el PSOE. Y cita los casos de Cambre y de Porto do Son. La única sentencia firme en esta materia afecta a la ex alcaldesa socialista de Cabanas, recuerda Rojo. "Ningún partido puede dar lecciones" en esta materia, asegura. El PP no ha previsto proponer iniciativa alguna en las próximas elecciones para evitar prácticas ilegales, más allá de la decisión de apartar a quienes se vean envueltos en casos de corrupción, como sus dos concejales en Gondomar, o de pedir a sus representantes que den explicaciones públicas, como ha ocurrido en el caso del alcalde de Arteixo.
El PSdeG apuesta también por aplicar "a políticos y técnicos" la legislación en materia de incompatibilidades. Pero su secretario de Organización, Ricardo Varela, en vez de distinguir entre antes y después de la llegada a los cargos públicos, como hace el PP, establece la diferencia en que las actividades privadas en la construcción o la promoción inmobiliaria se lleven a cabo dentro o fuera del propio municipio. "No es razonable que un promotor o un constructor sea alcalde donde promueve o construye viviendas, porque se convierte en juez y parte", asegura Varela. En esas circunstancias, explica, se ve afectada "la credibilidad de los ayuntamientos", pero eso no ocurre si sus empresas limitan sus actividades a otros municipios. "Casos como el de Ourense, con tres millones de beneficios en una recalificación", señala el dirigente socialista, "son difíciles de entender". El ejemplo del alcalde socialista de Cambre "no tiene nada que ver", afirma, porque se trataba de obras realizadas en otro municipio diez años atrás.
La solución no pasa, en opinión de Varela, por el establecimiento de nuevas incompatibilidades, sino por el control de las recalificaciones y de las plusvalías que éstas generan. El PSdeG apuesta por la reforma de la Ley de Suelo, actualmente en trámite en las Cortes. La nueva norma hará de las recalificaciones un hecho "excepcional" y obligará a que las plusvalías generadas al incrementar el valor del suelo reviertan en el municipio y no en los propietarios de las parcelas.
Es el BNG el único partido que no tiene ninguna duda acerca de que alcaldes y concejales no deberían compatibilizar sus cargos con actividades privadas relacionadas con la construcción o la promoción inmobiliaria. Su coordinador, Francisco Jorquera, advierte además que el problema trasciende lo legal, porque la mera abstención en una votación que les afecte no impide que sus compañeros de filas sean quienes acaben adoptando decisiones que les favorezcan.
Como en el caso del PSdeG, Jorquera sostiene que alcaldes y concejales no pueden ser "juez y parte" pero, a diferencia de los socialistas y los populares, no hace distinciones en función del territorio en el que operan las empresas o de la fecha de inicio de los representantes públicos en la actividad inmobiliaria. Se trata de una práctica "totalmente reprobable" contra la que hay que luchar con más transparencia y más controles políticos. Los nacionalistas sostienen que parte de los problemas urbanísticos se solucionarían otorgando más competencias a la administración autonómica. De ese modo sería posible, explica Jorquera, liberar a los municipios más pequeños de la responsabilidad de tener que hacer frente a planes urbanísticos detrás de los cuales se mueven a menudo grandes intereses económicos.
