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La investigación del mayor atentado en la historia de España
Columna
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Excepción

Enrique Gil Calvo

En su ciega huida hacia delante, que intenta escapar inútilmente del trauma del 11-M, el PP continúa con su histriónica política del Grand Guignol. Pero como ya no puede seguir exprimiendo con nuevas manifestaciones redundantes su reiterado pasacalle nacionalista, ahora opta por escenificar dos nuevas farsas grotescas: el boicot contra el grupo PRISA, patético esfuerzo inútil por matar al mensajero que revela la vocación censoria y excluyente de Rajoy, y el caso Díaz de Mera, que pretende reventar el juicio del 11-M. Dos estruendosos errores tácticos que al final le pueden acarrear su fracaso estratégico.

En términos racionales, la estrategia elegida impone la selección de las tácticas adecuadas para alcanzarla. Por tanto, a partir de las tácticas esgrimidas podrá deducirse cuál es la estrategia adoptada. Como rezan los evangelios, por sus obras los conoceréis. Es la "preferencia revelada" de la que hablan los economistas: dime a qué procedimientos recurres y te diré qué es lo que buscas. Pues bien, en este sentido, ¿cuál es la estrategia adoptada por el PP? A juzgar por sus procedimientos, la de abrir continuas crisis encadenadas para imponer un estado de excepción permanente. Lo cual tiene su lógica oculta.

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En efecto, Zapatero llegó al poder de forma excepcional. Las del 14-M no fueron unas elecciones normales, sino extraordinarias o "anormales", dado que estuvieron precedidas por un acontecimiento excepcional (el atentado de Atocha) que provocó consecuencias contrarias a lo esperado: la manipulación de la masacre por el Gobierno y el voto de castigo por los ciudadanos. En condiciones normales Zapatero no hubiera ganado, y sólo ganó por la concurrencia de dos circunstancias excepcionales: la masacre (condición necesaria) y su manipulación (condición suficiente, como causa del voto de castigo). Y a partir de esta evidencia, la interpretación estratégica que proporciona el PP plantea el silogismo siguiente: si Zapatero llegó al poder en estado de excepción, también tendrá que abandonarlo en estado de excepción. Similia similibus curantur: lo semejante cura a lo semejante.

Y este sesgado razonamiento se ve además reforzado por la experiencia histórica anterior, que parece manifestar una especie de ley causal: en la presente democracia española, los presidentes del Gobierno sólo pierden el poder por efecto de una acumulación de crisis políticas que imponen un estado de urgencia o excepción nacional. En efecto, Suárez perdió el poder por la escalada terrorista, el ruido de sables y la rebelión de los barones de UCD; González perdió el poder por el crecimiento de la corrupción, la división interna y la escalada de escándalos mediáticos; y como acabo de recordar, Aznar perdió el poder tras su indigna gestión del 11-M, que coronaba una larga cadena de crisis precedentes: el Prestige, las Azores, Irak, el Yakovlev, etcétera. Pues en ausencia de estado de excepción, los presidentes del Gobierno tienden a acomodarse en el cargo, sin que se les pueda desplazar con normalidad por los procedimientos ordinarios previstos para ello.

De ahí la actual estrategia del PP, que abre una crisis tras otras para crear una espiral de alarmismo cuya escalada conduzca a un clímax de excepción pública, esperando provocar un vuelco electoral. Dictar un estado de excepción permanente: ésta es la estrategia oculta del PP. Pero como ha recordado el filósofo Agamben en su Homo sacer, ésta es la esencia misma del poder absoluto, tal como la analizó el teórico del nazismo Carl Schmitt es su tratado sobre La dictadura: la voluntad de imponer el estado de excepción. Una estrategia de golpismo permanente tanto intelectual como institucional que para el PP resulta suicida, pues revela en público la naturaleza oculta de su esencia congénita, heredada del franquismo como pecado original. Y digo suicida porque buscar el estado de excepción no sólo socava el imperio de la ley y las instituciones públicas, sino que además atenta contra el propio PP entendido como institución democrática, que Fraga construyó en los años ochenta y que hoy Rajoy amenaza con destruir.

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