Fraudes electorales que quedaron impunes
El caso más sonado de fraude en la tramitación de votos por correo en unas elecciones se produjo en Madrid en 1991. Aquel año, el PP ganó por primera vez en el Ayuntamiento de Madrid con mayoría absoluta. En el camino se destapó un fraude en la tramitación de votos por correo realizada desde la sede principal del partido en la calle de Génova.
El operativo puesto en marcha para el fraude desencadenó la falsificación de la firma del notario Alberto Ballarín en al menos 3.000 ocasiones para poder formalizar otros tantos votos de personas a las que había captado el partido.
Los juzgados abrieron un procedimiento contra nueve trabajadores del PP y la cuestión se resolvió en el año 2000 con la absolución de todos ellos. La Audiencia de Madrid indicó en su sentencia que se habían observado numerosas irregularidades en la tramitación de las solicitudes de votos postales de las elecciones municipales y autonómicas de 1991, pero concluyó que esas irregularidades no estaban entonces tipificadas como delito y por eso absolvía a los acusados. El número de votos con firma falsa no variaba los resultados electorales.
En la sentencia, el tribunal instó a la Junta Electoral Central a que investigase si tales irregularidades eran constitutivas de una sanción administrativa; es decir, si cabía imponer una multa a los empleados del PP. También aquel procedimiento quedó en nada.
El fiscal retiró su acusación de delito electoral para tres de los nueve acusados y optó por reclamar un año de cárcel para esos nueve implicados por un supuesto delito de falsedad. Mantuvo además que la firma del notario Alberto Ballarín había sido falsificada más de 3.000 veces por personas del PP. Durante el juicio no se pudo demostrar si entre los acusados estaban las personas que imitaron la firma de Ballarín, quien intervino en el juicio como acusador particular.
Motivo de conflicto
El voto por correo siempre ha sido motivo de conflicto político entre partidos. A propósito de las próximas elecciones municipales y autonómicas ya se han destapado en España algunos casos para la polémica.
El candidato socialista a la alcaldía de Vila de Cruces (Pontevedra), Javier Castelo, reconoció hace varias semanas que había enviado un correo electrónico en el que proponía la contratación de un agente electoral en Buenos Aires cuya retribución consistiría en "una cantidad fija y un incentivo por número de votos recibidos".
El Gobierno balear del PP estuvo inmerso en una investigación, que se archivó, de compra de votos para las elecciones en Formentera de 1999, cuyo escaño era vital para el resultado final.
