Barcelona y otros 18 municipios frenan las antenas de móviles
Los ingenieros técnicos de telecomunicaciones critican que la calidad del servicio empeora
El rechazo social provocado por el despliegue de las antenas de telefonía móvil ha acabado calando en la actuación de los ayuntamientos catalanes. Según el Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones de Cataluña (COETTC), inquietos porque "la calidad del servicio empeora", son 19 los municipios donde el despliegue de antenas topa con mayores dificultades; entre ellos, Barcelona, Badalona, Sabadell y Terrassa. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), por ahora no hay "ninguna prueba científica convincente" de que las antenas causen efectos adversos para la salud.
En España hay unos 46 millones de móviles. La tecnología inalámbrica se basa en una amplia red de antenas que transmiten información mediante radiofrecuencias (RF). A más redes inalámbricas, mayor exposición de la población a las radiofrecuencias.
El origen del rechazo social a las estaciones y antenas es doble: por una parte, plantean un impacto negativo sobre el paisaje urbano; y, por la otra, han estado rodeadas de incertidumbre sobre los efectos que la proximidad a ellas tiene para la salud.
Los técnicos critican la contradicción de "responder negativamente a la implantación de nuevas infraestructuras de movilidad y a la vez exponer que se quieren más y mejores servicios".
Ferran Amago, decano del COETTC y del colegio que agrupa a todos los ingenieros técnicos de telecomunicaciones de España, critica "el desconocimiento y alarmismo" generados, que ha llevado a los ayuntamientos a "frenar la toma de decisiones de permisos para la instalación de antenas".
La calidad de las telecomunicaciones de Barcelona bajó seis puestos en 2006 en la lista de la firma Cushman & Wakefield sobre las mejores ciudades europeas donde hacer negocios.
Según el COETTC, en Badalona, Santa Coloma de Gramenet o Barberà del Vallès, donde las antenas han generado conflictividad vecinal, el despliegue se ha parado. En Cerdanyola y Granollers, se responde con "silencio administrativo". En zonas turísticas como l'Escala y Tossa, el despliegue en el núcleo urbano se ha prohibido. Otros municipios que de un modo u otro habrían puesto trabas son Cambrils, Palafrugell, Sant Boi, Sant Feliu de Guíxols, La Garriga, Sant Boi, Viladecans, Sant Vicenç dels Horts, Terrassa, Viladecans, Vilanova i la Geltrú y Vilaseca.
Pero los municipios también protestan contra los operadores. Uno de los que se ha puesto más duro, Sabadell, ha optado por una moratoria desde hace medio año, mientras se elabora "un plan especial". "Había lugares en que se concentraban muchas antenas y el efecto en el paisaje no era el deseable", explica Joan Carles Sánchez, concejal de Urbanismo. Antenas de distintos operadores se colocaron en un mismo inmueble, incluso en edificios catalogados como patrimonio.
Los ayuntamientos se quejan de que los operadores han instalado antenas sin licencia. Quieren regular dónde se ponen y que las operadoras las compartan. "Tenemos una ordenanza específica para el tema y creemos que da garantías de que las cosas funcionen", destaca el Ayuntamiento de Barcelona, que subraya su "voluntad de diálogo con el sector". Según el COETTC, en Barcelona, a corto plazo, algunas zonas con alta densidad de edificios de viviendas verán limitada la calidad del servicio.
Prudencia para la salud
Según del Departamento de Salud de la Generalitat, el único efecto comprobado de las radiofrecuencias es el aumento de la temperatura corporal por la exposición a una intensidad de campo muy elevada que sólo se produce en ciertas industrias. Los niveles de exposición a radiofrecuencias de las estaciones de antenas "son tan bajos que los incrementos de temperatura son insignificantes y no afectan a la salud de las personas".
La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que en los estudios publicados en los últimos 15 años no hay pruebas de que la exposición a las radiofrecuencias aumente el riesgo de cáncer. Pero la organización sigue fomentando las investigaciones para determinar riesgos y es partidaria, como la mayoría de gobiernos, de aplicar un "criterio de precaución". Es decir, pese a que no hay evidencia de perjuicios para la salud, se busca "prevenir razonablemente la exposición humana a niveles de riesgo significativos". Los límites establecidos son aún más restrictivos de los que bastarían.
La Generalitat apuesta también por este "criterio de precaución" y cree que la normativa vigente europea, española y catalana "da suficiente nivel de protección a la salud de la población, de acuerdo con los conocimientos actuales".
