Informe económico del presidente
El presidente Zapatero sale hoy de una sede política y pública (la Moncloa) para acudir a una sede económica y privada (la Bolsa de valores) y presentar su primer informe económico ante la sociedad civil. Ésta es una modalidad nueva que creará tradición y, por ello, será buena para aumentar la transparencia si no deviene en propaganda. No se puede obviar que la primera vez que se presenta este informe es tres años después de que ZP llegara al Gobierno, y apenas un mes antes de las elecciones municipales y autonómicas.
El Ejecutivo quiere recuperar la agenda perdida, aquella que expone la parte más positiva de su labor, que es la coyuntura económica y las reformas impulsadas, muchas de las cuales, de imposible marcha atrás, son su principal activo. Y al tiempo, salirse de ese ambiente pegajoso, invivible, que es la continua discusión sobre el terrorismo (en sus dos modalidades, la yihadista del 11-M y la etarra, a cual más siniestra) y la política territorial. La estrategia de la crispación aplicada por el PP desde el inicio de la legislatura no ha obtenido éxito, ya que no ha logrado despegar a la oposición en los sondeos de opinión, pero sí ha funcionado en otro sentido: ha hecho invisibles, o poco visibles, los resultados más positivos de la acción del Ejecutivo. Esa política reformista (dependencia, igualdad, matrimonio entre personas del mismo sexo, agilización del divorcio, fuera las tropas de Irak,...), o la mejora de la situación económica, que se traduce en las menores tasas de paro de la democracia y en una aproximación casi absoluta a la convergencia real con Europa. Y todo ello, con un crecimiento económico a la cabeza de los países desarrollados.
¿Es rentable esa estrategia de la crispación? Los sondeos indican, hasta hoy, que ha servido para polarizar a una parte del electorado, modificar su composición y desmovilizar a otra parte, abriendo el abanico abstencionista que, tradicionalmente, perjudica más a la izquierda que a la derecha. Pero ahora, con los comicios del 27 de mayo, se verá su efecto real. Para limitar sus aspectos más abstencionistas, negativos para quien gobierna, es por lo que los socialistas pretenden recuperar la agenda política que se han dejado arrebatar.
Si se trata de juzgar en las urnas la labor de todos los municipios y de muchas autonomías, uno de los temas de los que habrá que debatir con mayor intensidad en este mes será el de la corrupción urbanística. Frente al hecho de que la mayor parte de los escándalos de corrupción en las últimas décadas han tenido lugar directamente en la financiación irregular de los partidos políticos, en 2006 y 2007 se han localizado en el terreno del urbanismo. No se trata de que las autoridades locales españolas sean peores desde el punto de vista moral que las de los países de nuestro entorno, sino de que el marco institucional en que se practica la política urbanística en España genera formidables incentivos económicos para la corrupción. El extraordinario boom de la construcción (800.000 viviendas en 2006, más que todas las construidas en el Reino Unido, Alemania y Francia), los problemas de financiación de las haciendas locales, etcétera, son causas objetivas relacionadas con esa corrupción. En el caso de Marbella, el más paradigmático, la corrupción funcionaba en forma de red con tres nódulos: 1) los empresarios que pagaban las comisiones para verse favorecidos en sus negocios; 2) los concejales que adoptaban las decisiones administrativas favorecedoras de los empresarios; y 3) la tupida tela de araña de testaferros y abogados, a través de los cuales se ocultaban los beneficios ilegales obtenidos por el cerebro de la trama.
Uno de los objetivos señalados del Informe económico del presidente que se presenta hoy es el de "contribuir al debate económico y social de las políticas económicas que deben diseñarse a medio y largo plazo, con la finalidad de aumentar el bienestar de las generaciones presentes y futuras".
Aprovechemos el reto más allá de las descalificaciones y los intereses creados.
