Los terrenos rústicos se valorarán según el uso actual

La ley que aprobó ayer el Congreso de los Diputados parte de la constatación de que el suelo, "además de un recurso económico, es también un recurso natural, escaso y no renovable", por lo que establece límites al crecimiento urbano, además de tratar de contener el crecimiento de los precios de la vivienda, en tanto que derecho básico recogido en la constitución.

- Vivienda protegida. Un mínimo del 30% del nuevo suelo residencial se dedicará a pisos de protección pública. Además, los promotores deberán entregar a la Administración entre el 5% y el 15% del suelo que se transforme en urbanizable, para que se incluya en el patrimonio público de suelo, que la ley obliga a constituir en cada caso, y que se destinará a vivienda de precio protegido y otros usos sociales.

- Valoración del suelo. Las parcelas rústicas se valoran en función de su uso actual y no de las expectativas de futuro. Con esta nueva forma de tasación se pretende desincentivar la retención de suelo para especular, al tiempo que se intenta impedir que las expropiaciones para infraestructuras públicas se disparen de precio, como ha ocurrido con las realizadas para construir en Madrid las nuevas autopistas radiales o la ampliación del aeropuerto de Barajas.

- Más transparencia. Todos los planes y convenios urbanísticos deberán someterse a información pública que, así como las permutas de terrenos, deberán aprobar los plenos municipales. Los planes urbanos vigentes deberán publicarse en la web municipal y habrá que informar de los dueños de los últimos cinco años cuando se recalifique un suelo.

- Sostenibilidad. Sólo podrán descatalogarse espacios protegidos cuando se demuestre científicamente que han perdido sus valores. Las actuaciones que incrementen la población o el suelo urbanizado en más del 20% necesitarán un nuevo plan general.