El Gobierno paquistaní refuerza las tropas en Karachi para sofocar la revuelta popular

Otros cuatro muertos, entre ellos un policía, elevaron ayer a 38 las víctimas mortales de dos días de violencia política en Karachi, la ciudad más populosa de Pakistán. Ayer el Gobierno envió refuerzos para restablecer el orden. La gravedad de los incidentes, los más sangrientos que ha vivido ese país de 165 millones de habitantes en 20 años, revela una profunda crisis institucional. Lo ocurrido ha echado a perder el poco crédito político que le quedaba al general-presidente Pervez Musharraf. La situación sólo puede empeorar tras la orden de disparar contra los alborotadores que el Gobierno dio ayer a las fuerzas de orden público. Hoy, los abogados van a volver a boicotear los tribunales y los islamistas han convocado una huelga general.

La actual crisis se empezó a gestar en marzo, cuando Musharraf suspendió al presidente del Tribunal Supremo, Iftikhar Mohamed Chaudhry, "por abuso de autoridad". Los críticos del hombre que en 1999 dio un golpe de Estado y aún no ha cumplido su promesa de devolver el poder a los civiles, interpretaron que el general no quería arriesgarse a que el juez pusiera obstáculos legales a sus esfuerzos para prolongar otros cuatro años su mandato. A pesar de los reparos constitucionales, tiene previsto hacerse reelegir por el actual Parlamento (donde cuenta con mayoría) antes de convocar nuevas elecciones en otoño.

Chaudhry se había convertido en una verdadera molestia para Musharraf, que es también jefe del Ejército. En los meses anteriores, el juez abrió investigaciones sobre presuntos terroristas desaparecidos, bloqueó la privatización de la acería nacional y demostró una independencia que le hacía poco fiable en caso de que la coalición que apoya al Gobierno, formada por la Liga Musulmana de Pakistán y una alianza de islamistas, necesite un empujón en los próximos comicios.

No es que Chaudhry sea una persona ajena al sistema y libre de tacha. Como recordaba recientemente Khurram Dastgir Khanen en el diario The Nation, juró su cargo bajo la ley constitucional decretada por Musharraf y no le han dolido prendas en firmar algunas sentencias dudosas. Sin embargo, al rechazar su cese rompió el pacto no escrito que durante el último medio siglo ha atado al poder judicial al político. Ese gesto no sólo alentó a los abogados hartos de interferencias políticas, sino que ha logrado galvanizar a una oposición que se encontraba falta de liderazgo. Desde entonces, cada vista de su caso ante el Tribunal Supremo ha estado acompañada de manifestaciones anti-Musharraf. Los abogados han anunciado que boicotearán la audiencia de hoy. Los islamistas contraatacan con una huelga general.

La actual ola de protestas constituye el mayor desafío al Gobierno del general desde su golpe de Estado. Por eso, los aliados del presidente en la provincia de Sindh, el Movimiento Muttahida Qumi (MMQ), se movilizaron el sábado para impedir que Chaudhry pudiera celebrar un mitin en su capital, Karachi.

Aunque partidarios y opositores de Musharraf se han acusado mutuamente de la violencia, las primeras páginas de los periódicos paquistaníes de ayer y los relatos de testigos señalaban que militantes de MMQ armados con bastones actuaron a su libre albedrío ante la mirada impasible de los 15.000 paramilitares desplegados a última hora por el Gobierno. Ante las críticas, un portavoz anunció ayer que se les había autorizado a disparar a "quienes atenten contra la vida o la propiedad", lo que no parece una buena receta para tranquilizar los ánimos.

Más allá de los riesgos de ese clima de inseguridad, la implicación de sus aliados en la violencia debilita a Musharraf. Lo ocurrido eclipsa la estabilidad política y los logros económicos y educativos alcanzados durante su mandato y por los que buena parte de la clase media paquistaní le había perdonado el golpe de Estado. Son en gran medida esos avances los que han dado alas a unas aspiraciones democráticas que ahora el general no parece dispuesto a dar satisfacción. El presidente negó el sábado que, como le acusaban sus detractores, tenga intenciones de declarar el estado de emergencia.