El PSOE frena en el Congreso desde hace dos años la reforma legal del CSN
El 17 de mayo de 2005, el diputado de Izquierda Verde (IU-ICV) Joan Herrera presentó en el Congreso la proposición de ley de reforma del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El texto pretendía sustituir a la ley de 1980 y obligaba a hacer públicos todos los informes del CSN, a dar voz a las comunidades autónomas y aumentar las sanciones.
El PSOE aceptó al iniciativa, ya que en ese momento estaba inmerso en la crítica feroz a la presidenta del CSN María Teresa Estevan Bolea, designada por el PP. Pero a dos días de que se cumplan dos años, la ley sigue bloqueada en el Congreso y, con la legislatura enfilando el fin, corre el riesgo de no verse aprobada.
Joan Herrera señala que "la ley está empantanada en ponencia porque el Grupo Socialista no ha decidido qué hacer con la norma. Zapatero se comprometió a aprobar la ley y hay tiempo si hay voluntad, pero el PSOE tiene muchas dudas".
Los principales problemas del texto están, según Herrera, en el régimen sancionador y en el consejo asesor que propone la ley. Todos los partidos y el CSN coinciden en que el régimen sancionador vigente desde 1997 está obsoleto. La máxima cuantía de las multas a las centrales es de tres millones -lo que gana una planta en cinco días de funcionamiento- y el PSOE propone elevarla a 10 millones. Izquierda Verde y los ecologistas piden multas más altas para que sean realmente disuasorias y que, mediante alguna cláusula, la multa pueda ser proporcional al beneficio de las centrales en casos muy graves.
Los fallos que observen
La proposición no de ley obliga también a los trabajadores de las centrales a denunciar los fallos que observen e Izquierda Verde pide que haya una oficina específica en el CSN para recibir las denuncias y que la obligación de los trabajadores sea detallada y conlleve sanciones si no se cumplen. Además, se crea un consejo asesor en el que estarán representadas las comunidades autónomas con centrales en su territorio.
El responsable de energía nuclear en la organización ecologista Greenpeace, Carlos Bravo, afirma que "además de demorarla injustificadamente, el PSOE, a instancias del Ministerio de Industria, ha negociado con partidos defensores de la energía nuclear y contrarios a la reforma del CSN, importantes recortes a la propuesta original, sobre todo en materia de información y de participación publica".
Bravo destaca que la reforma es necesaria ante casos como el de Ascó-Vandellòs, que califica como "la central de Pepe Gotera y Otilio".
