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CiU e IU-ICV reclaman que se prohíban las bombas de racimo

Miguel González

Tanto Convergència i Unió (CiU) como Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya (IU-ICV) han presentado iniciativas en el Congreso para prohibir las bombas de racimo, unos proyectiles que se usan para inutilizar amplias zonas de terreno mediante la dispersión de artefactos explosivos.

En el sur de Líbano, cientos de miles de bombas de racimo arrojadas por Israel durante la guerra del pasado verano constituyen una de las mayores amenazas para las tropas españolas y han causado ya la muerte de al menos 20 civiles después del alto el fuego.

CiU incluyó ayer, entre sus enmiendas a la ley de Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso, una disposición que modifica la ley de 1998 de prohibición total de minas antipersona. Mediante esta enmienda, amplía la definición de mina antipersona e incluye en la misma a las bombas de racimo -"que pueden no hacer explosión en el momento del impacto y sí hacerlo ante la posterior proximidad o presencia de una persona"- para, de esta forma, prohibirlas también.

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Por su parte, IU presentó el pasado día 24 una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a "prohibir la producción, almacenamiento, uso y transferencia de municiones de dispersión" y a eliminar los arsenales del Ejército español.

España fabrica dos tipos de bombas de racimo. La empresa Instalaza produce granadas de mortero MAT-20; y la firma Expal, bombas de aviación BME-330. Las bombas españolas incorporan un dispositivo electrónico para hacerlas estallar pasado un tiempo, mientras que las americanas se desactivan automáticamente. El problema surge cuando fallan estos mecanismos.

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En febrero pasado se celebró una conferencia en Oslo con el objetivo de acordar el año próximo un tratado internacional sobre estas armas.

En una respuesta al diputado Joan Herrera (IU-ICV), el Gobierno alega que "las municiones de racimo de fabricación nacional que tienen las Fuerzas Armadas cumplen con los requisitos máximos de fiabilidad" y agrega que "habrá que esperar a que se defina con más detalle el alcance del futuro acuerdo para poder adoptar una decisión".

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Sobre la firma

Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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