El PP propone prohibir al sector inmobiliario financiar a los partidos

El PP opina que los promotores y constructores de viviendas son sospechosos de financiar ilegalmente a los partidos políticos. Más que cualquier otra actividad económica. El PP ha propuesto en el Senado una modificación de la Ley de Financiación de Partidos Políticos para que se prohíba expresamente las donaciones a partidos por parte de empresas que "se dediquen a la promoción y/o construcción de viviendas". De ser admitida la enmienda, este sería el único sector económico que quedaría señalado por la ley.

La justificación presentada por escrito por el PP reza así: "Es necesario que los partidos políticos dejen de recibir ningún tipo de financiación de un sector cuya actividad depende en una parte sustancial de decisiones políticas". Los demás partidos se opusieron a esta enmienda en el Congreso. Con toda probabilidad lo hagan también en el Senado.

La senadora popular Amelia Salanueva, que el lunes defenderá esta enmienda en la Comisión Constitucional de la Cámara alta, explica que "se señala tan directamente a un colectivo porque se ha demostrado que muchos de las tramas de corrupción vienen del sector inmobiliario". Para Salanueva, se trata de "una enmienda estética", para "evitar todo tipo de tentaciones de los partidos". Ante la imagen de corrupción que impregna al sector, se trata de que "una recalificación, por ley, no pueda ser objeto de ningún tipo de suspicacias".

El PP reconoce que otros muchos sectores dependen en su actividad de decisiones políticas, pero considera que ninguna al mismo nivel. "Por ejemplo, para poner una residencia de ancianos [que necesita sus permisos] no se requiere el mismo tipo de decisiones" que para construir una urbanización. "Y, desde luego, no tiene los mismos beneficios", añade Salanueva.

En el Congreso, el diputado Jaime Ignacio del Burgo lo expuso así: "Ya sabemos que la corrupción es como la hidra de las 1.000 cabezas, pero al menos hagamos que la ley, al prohibir las donaciones de promotores y constructores, transmita a la sociedad que si un alcalde o concejal de Urbanismo pide una aportación para el partido como contraprestación a un favor político sólo busca su enriquecimiento personal mediante la utilización abusiva de su cargo".

Lo que el PP considera una cuestión "estética", que borraría de un plumazo las sospechas en las relaciones entre políticos y promotores, CiU, por ejemplo, lo considera "demagógico", ya que hay otras empresas aún más potentes que las promotoras.

Lo más destacable de la nueva Ley de Financiación de Partidos es que aporta garantía de transparencia que porque prohíbe, por primera vez, las donaciones anónimas.

Eso es lo importante para Guillermo Chicote, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores: "Si se identifica a la persona que hace la donación, no hay ningún problema. Tampoco se puede matar pulgas a bastonazos, con la identificación del donante es suficiente". Chicote, sin embargo, comprende el origen de la enmienda, ya que "hay corruptelas que implican a PP y PSOE con promotoras y que están en los juzgados". Pero insiste en que "es demasiado" señalarlos en la ley.

José Manuel Galindo, secretario general de la asociación de promotores en Madrid (Asprima), también opina que "el hecho de que se singularice un problema en un único sector no es lo más idóneo". El suyo "no es el único en el que las decisiones se vean afectadas por decisiones políticas. Se toman decisiones sobre todo tipo de concesiones y servicios, me sorprende y me parece mal que se señale de nuevo al inmobiliario como único responsable de la corrupción".

Galindo considera muy injusta la forma en que su sector está siendo señalado: "Hay que recordar la aportación que hemos hecho a la riqueza nacional y al empleo. No se debe olvidar".