La extrema violencia de los sicarios
La guerra del narco no da tregua en México. En una de sus últimas batallas se cobró la vida de siete habitantes del Estado de Oaxaca, que engrosaron una lista de más de 1.700 muertos en lo que va de 2007. La campaña lanzada por el presidente Felipe Calderón, que ha movilizado a miles de soldados y policías federales en las zonas donde las bandas de narcotraficantes son una amenaza para la seguridad nacional, no ha frenado los asesinatos.
Incapaces de poner fin a la ola sangrienta, las autoridades estatales y federales se limitan a informar cotidianamente de los asesinados por los sicarios al servicio de las mafias. La semana pasada fueron levantados (secuestrados por miembros de los cárteles) siete oaxaqueños. Sus cuerpos sin vida, con señales de haber sido torturados, se hallaron en una fosa común clandestina. La policía indicó que probablemente las víctimas eran camellos al por menor, pero no dio señal de ir tras los matones.
En el Gobierno federal se ve el creciente fenómeno como una reacción a los operativos del Ejército y los federales, que comenzaron en diciembre. La cifra de muertos en la guerra del narco aumenta casi a diario. El periódico El Universal realiza un conteo extraoficial y hasta el 16 de agosto la cifra de víctimas era de 1.703. Y daba cuenta de que un día antes habían sido asesinadas 12 personas.
Es común que la prensa, e incluso, las autoridades atribuyan las muertes violentas a bandas como Los Z (creada por desertores del Ejército mexicano), al servicio del cártel del Golfo, o Los Pelones, pagados por el de Sinaloa.
La corrupción imperante en los cuerpos policiales ha hecho que decenas de sus miembros hayan caído en venganzas o ajustes de cuentas. Además, existen pruebas -incluso grabadas en vídeo y colgadas en Internet- de que los agentes policiales, lo mismo federales que locales, trabajan también como verdugos.
Los asesinos a sueldo cumplen sus misiones por todo el país, asaltan prisiones, ejecutan heridos en hospitales, a policías en sus cuarteles o matan a plena luz del día. En ocasiones actúan como fuerzas paramilitares, como ocurrió el 14 de mayo en el norteño Estado de Sonora. Entonces un comando del narco, formado por más de 40 hombres armados hasta los dientes, tomó el poblado de Cananea y secuestró policías y civiles. Huyó en una caravana mortal, formada por 15 vehículos, uno de ellos blindado, y dejó un reguero de sangre: primero dejó los cadáveres de cuatro policías, más adelante el de otro y los de dos civiles; finalmente, tropas del Ejército les hicieron frente y eliminaron a 15 sicarios.
Fue la jornada más letal, pero no la más dramática, ya que asesinos de las bandas han decapitado a varias decenas de personas, ejecutado y grabado sus acciones, que cuelgan de la Red.
Milenio Diario, en su recuento periodístico, daba cuenta en junio que los Estados donde más ejecuciones se habían dado eran Sinaloa (199), Guerrero (191) y Michoacán (180), en tanto que en sólo tres de los 32 Estados (San Luis Potosí, Baja California Sur y Colima) no habían ocurrido asesinatos a manos de sicarios, que en los primeros seis meses se cobraron la vida de 183 policías.
El ritmo de las ejecuciones comenzó a bajar en junio y parecía que las acciones gubernamentales daban resultado. Entonces la prensa informó de una cumbre de capos de los carteles, que ese mes habrían dialogado sobre la conveniencia de parar la racha sangrienta y rediseñar sus cotos de influencia y poder.
El dato fue confirmado por fuentes de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) y no fue desmentido por autoridades mexicanas.
