En España, el seguimiento acaba al cumplir la sentencia
La controversia desatada por la propuesta del presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha vuelto a poner de actualidad el debate sobre el control de los agresores sexuales cuando salen de prisión. En España, la ley no permite que los violadores sean vigilados para prevenir que reincidan una vez que salen de la cárcel. Cualquier seguimiento posterior iría en contra de su derecho a ser libre.
Ni controles exhaustivos, ni avisos a los vecinos, ni terapias obligatorias. Y mucho menos castración química, como propuso el lunes Sarkozy (una propuesta que puede inhibir el deseo sexual, pero no la agresividad inherente a muchos de estos delitos). En España, la policía se limita a comprobar el domicilio del ex reo y a hacer preguntas a sus vecinos para saber si han observado algo extraño.
Para muchas víctimas y juristas, estas medidas son insuficientes. El caso del violador del chándal, Andrés Mayo, ha vuelto a encender la polémica. Mayo, de 39 años, lleva dos semanas encarcelado a la espera de que se le juzgue por ocho agresiones sexuales cometidas en A Coruña en 2007, cinco años después de haber salido en libertad condicional tras haber cumplido una pena de 12 años por el mismo delito. Durante su estancia en el centro penitenciario de Mansillas de las Mulas (León), se sometió a un programa de rehabilitación para violadores, pero la evaluación psicológica final concluyó que era "incapaz de identificar la motivación que le ha conducido a agredir sexualmente". Pese a esto, fue excarcelado en noviembre de 2002 por "buena conducta".
Violador del Eixample
Ya a mediados de mayo, la alerta había saltado con la puesta en libertad de Alejandro Martínez Singul. El conocido como segundo violador del Eixample tampoco se había rehabilitado en prisión. Según el informe de la Junta de Tratamiento, existía un grave riesgo de que volviera a delinquir. Martínez fue condenado en 1992 a 65 años de cárcel por cinco violaciones y cinco agresiones sexuales a menores de 9 a 17 años en Barcelona a finales de los ochenta.
¿Qué hacer con los violadores que no se rehabilitan? La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña planteó en julio un endurecimiento de las penas para que los agresores en serie pasen el mayor tiempo posible entre rejas. Según el Código Penal, el tiempo máximo que un preso puede pasar en la cárcel es de 20 años si ha cometido el delito a partir de 1996, y 30 si el delito es anterior. Los beneficios penitenciarios se calculan a partir de estos máximos. Lo que planteó la Fiscalía es que se aplique a los violadores reincidentes la doctrina Parot (etarra condenado en 2006), de manera que las deducciones se hagan a partir de la pena total impuesta, y no de lo máximo que establece el Código Penal.
