Los escándalos tumban al fiscal general de Bush
Gonzales, defensor de Guantánamo, estaba siendo investigado por despedir a fiscales incómodos
El fiscal general (ministro de Justicia) de Estados Unidos, Alberto Gonzales, un jurista de origen hispano que acompañaba a George W. Bush desde sus tiempos de gobernador de Tejas, anunció ayer su dimisión, efectiva a partir del 17 de septiembre, una decisión que deja al presidente más solo que nunca en el tramo final de su mandato.
Gonzales, de 52 años, se encontraba en el punto de mira de los demócratas y estaba siendo investigado por el Congreso por su papel en el despido de ocho fiscales por motivos políticos, uno de los escándalos que han salpicado a la Casa Blanca en los últimos meses. Primero como asesor legal de Bush y luego como fiscal general, Gonzales había sido el muñidor de las políticas más duras de la Casa Blanca. Tras el 11 de septiembre, al amparo de la lucha contra el terrorismo, había justificado algunas formas de tortura o declarado obsoleta la Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra, una idea detrás de la que se encuentra la apertura de la prisión de Guantánamo.
