Las asociaciones esperan que la Ley de Memoria "no sea la definitiva"

Si las asociaciones para la recuperación de memoria histórica hubieran podido escribir la Ley de Memoria, el texto no sería como el último acordado entre siete partidos, pero se parecería. Ninguna está plenamente satisfecha y todas insisten en que ésta no será la ley definitiva. Para los homosexuales represaliados durante el franquismo, reconocidos por primera vez como víctimas, se trata de un "primer paso". Todas reclaman la nulidad de los juicios.

Les faltan algunas cosas, les sobran otras. Emilio Silva, presidente de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, echa en falta la "anulación" de los juicios. "Creo que se hace para evitar los problemas de patrimonios asociados a esas condenas, que en muchos casos fueron acompañadas de expropiaciones de bienes", explica. También le falta la creación de un gran censo de las víctimas de la Guerra Civil y una alusión a los programas de enseñanza, instándoles a incluir todo lo acontecido durante la Guerra Civil y la represión franquista.

En cambio, le sobra el punto del acuerdo que afirma que, a la hora de exhumar una fosa común, "deberá ponderarse especialmente la existencia de oposición por cualquiera de los descendientes directos" de las personas cuyos restos vayan a ser exhumados.

"El derecho de los que buscan a su familiar no puede quedar insatisfecho porque otros no quieran ejercerlo. Es como si a mí me quitaran la urna porque otro no quiere votar", asegura Silva. "En general, estoy contento de que haya una ley y de que se esté produciendo, por fin, este debate, pero no es la ley definitiva", concluye

Para Antonio Ruiz, presidente de la Asociación de Ex Presos Sociales, que agrupa a los homosexuales que fueron represaliados por la dictadura, el acuerdo sobre la ley, es "un primer paso, un principio. Podía haber sido más ambicioso, pero para nosotros es muy importante que después de 30 años, por primera vez desde la transición, se nos nombre y se nos reconozca como víctimas", asegura. "Seguiremos trabajando".

A Gervasio Puerta, de 86 años, presidente de la Asociación de Ex Presos y Represaliados Políticos Antifranquistas, el acuerdo tampoco le convence del todo. "Me temo que si no lo aceptamos ahora, no veremos otro mejor porque la mayoría de nosotros somos ya muy mayores. Lo aceptamos como un mal menor". Puerta echa muy en falta el consenso en el debate sobre la nueva ley y culpa a esas disputas de los puntos que no satisfacen a sus cerca de 1.500 socios: "No entiendo por qué no han querido declarar nulos los juicios. A estas alturas, nadie quiere criminalizar a nadie o ir a por el culpable, pero sí el derecho personal a poder reclamar ante un juez que se reconozca la injusticia de un caso personal".

Foro por la Memoria es la asociación más crítica porque le hubiese gustado ir mucho más allá: "La lucha contra la impunidad incluye la identificación de los culpables. No van a ir a la cárcel porque ya son muy mayores, pero sus condenados tienen derecho a que les castigue", afirma su presidente, José María Pedreño. "Esta ley es un retroceso, muy lejos de lo que se hace en Argentina o Chile. Esto va a acabar en el Tribunal Penal Internacional".