Las provincias más ricas de Bolivia van a la huelga contra la Constitución
La nueva Carta Magna de Evo Morales agrava la fractura social del país andino
En medio de una gran tensión, agravada por la situación de ingobernabilidad que se vive en Sucre, y mientras el Ejecutivo boliviano y la oposición se lanzan amenazas que exceden lo político, seis de las nueve provincias en las que está dividida Bolivia están convocadas hoy a una huelga general contra la aprobación de la nueva Constitución del presidente, Evo Morales. Ayer, tanto en las calles como en las radios y la televisión de las provincias opositoras se llamaba a los ciudadanos a secundar el denominado "paro cívico".
La huelga ha sido convocada por las propias autoridades provinciales que ya han advertido de que no tolerarán "provocaciones" de activistas del Movimiento Al Socialismo (MAS), la formación de Morales, en una clara señal de que los graves incidentes registrados en Sucre durante el pasado fin de semana, y que se han saldado con cuatro muertos, pueden repetirse.
La tensión va en aumento en todo un país donde son escasas las voces que llaman a la calma. En la noche del lunes -madrugada de ayer en España-, partidarios de Morales atacaron en La Paz y Sucre las sedes de diversos medios de comunicación a los que acusaron de actuar contra los intereses del país representados, en su opinión, en el proyecto de la nueva Constitución.
La fractura que vive el país es total y se da tanto en lo geográfico como en lo económico y lo étnico. Santa Cruz, Pando, Beni, Tarija, Chuquisaca y Cochamba -con una población de 5.600.000 habitantes sobre un total de nueve millones en todo el país- han acordado movilizarse de manera casi permanente durante las próximas dos semanas para hacer desistir al Gobierno de aprobar el nuevo texto antes del 14 de diciembre, la fecha para que terminen los trabajos de la polémica Asamblea Constituyente.
Estos territorios forman una media luna por el este que rodea a La Paz, Oruro y Potosí, mucho más pobres, situadas en el altiplano y con una población mayoritariamente indígena. Morales ha subrayado que se trata de "un paro de ricos".
Los convocantes de la huelga han tomado la palabra a Morales y le exigen que se someta a un referéndum revocatorio y a aprobar el estado autonómico para Bolivia. "Las autonomías son un hecho y no vamos a esperar a que nos las den. Habrá huelga de hambre y paro hasta que aprobemos una Carta autonómica", advirtió Branko Marinkovic, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz. En las próximas semanas la región más rica del país, presentará su propio estatuto de autonomía, un término que en las manifestaciones y en los carteles callejeros ha comenzado a ser reemplazado por el de "independencia". El empresariado cruceño ha dotado de fondos el proyecto autonómico, dinero que el fundador de la Unión Juvenil ha pedido sea destinado "para comprar armas para defender a la patria".
Mientras, la situación en Sucre comienza a rayar una escena del realismo mágico. La policía sigue ausente de las calles de la ciudad mientras los ciudadanos piden que vuelvan, aunque ayer no se registraron incidentes de importancia. El comandante de policía Miguel Vásquez, que se niega a que sus hombres vuelvan al trabajo, declaró que los agentes no saldrán a las calles si no tienen medios. Sus vehículos han sido incendiados, sus sedes saqueadas y sus armas "cobardemente robadas".
El jefe policial exige que las armas sean devueltas y hasta ha llegado a proponer una colecta pública para comprar nuevo material. El gobierno local -opositor a Morales- ha comenzado a reclutar hombres de entre 25 y 35 años para que patrullen hasta que vuelva la policía. La condición es que tengan moto y teléfono móvil. Una treintena de presos ha quedado en la cárcel de Sucre a pesar de las puertas están abiertas y unos 130 compañeros ya se han fugado. Los todavía reclusos exigen también que los policías vuelvan a vigilarles.
Sobre la firma
