¿Unidad?

El fracaso de la concentración unitaria contra ETA es un síntoma revelador de la trampa mortal en que está atrapada la política española. Un fracaso que debería resultar sorprendente, ya que nuestra cultura política posee el récord europeo en la propensión a manifestarse. En efecto, la participación cívica de los españoles es de naturaleza volcánica. Habitualmente cunde la abstención, con las más bajas tasas de afiliación y asociacionismo de toda Europa. Pero ocasionalmente la gente se echa a la calle para protestar en masa ante crisis o acontecimientos excepcionales: el golpe de Tejero, el referéndum de la OTAN, la huelga general del 12-M, el secuestro de Miguel Ángel Blanco, el naufragio del Prestige, la guerra de Irak, el 11-M...; así, hasta llegar en esta legislatura a las siete procesiones integristas organizadas contra Zapatero. Unas manifestaciones que, aun siendo unitarias, y de acuerdo a nuestra tradición iconoclasta, siempre han de dirigirse en contra de alguien: contra el golpismo, contra ETA, contra el Gobierno...

El precio de la unidad que ya ha pagado el Gobierno es el rechazo al diálogo. Pero ahora el PP le exige más

Pues bien, la concentración del martes pasado fracasó porque no iba contra nadie. En teoría iba contra ETA, pero esta vez no se daba el clima de indignación apasionada que impulsa a la gente a echarse a la calle: el asesinato de los guardias civiles fue casual, sin posible comparación con el bombazo de Barajas, y ETA ya no infunde el temor de antes, pues se está grapizando cada día más. Por lo tanto, para tener suficiente capacidad de convocatoria hubiera hecho falta que la demostración se dirigiese en realidad contra el Gobierno, y no sólo contra ETA, tal como ha sucedido con las convocadas por la AVT de Alcaraz en esta legislatura. Y como esta vez el PP aceptó sumarse a una convocatoria unitaria, la AVT se echó atrás y la concentración fracasó, degenerando en una bronca callejera entre hooligans jovencitos y maduritos que ovacionaban y abucheaban a Zapatero.

De modo que el fracaso se debió, en realidad, al carácter unitario de la convocatoria. Y esto es lo que resulta más sorprendente: no el que fracase un llamamiento a la unidad, lo que era lógico esperar por las razones antedichas, sino el que por primera vez en esta legislatura el PP aceptase participar en una manifestación unitaria, a sabiendas de que por ello mismo estaba destinada a fracasar. La oposición se ha venido negando desde el 14-M a sumarse a la política antiterrorista del Gobierno por puro cálculo electoral (y que su cálculo esté acertado o errado lo sabremos en marzo). Pero ahora de pronto acepta atender el llamamiento a la unidad que le venía formulando el Gobierno. ¿Por qué se ha plegado el PP al llamamiento de Zapatero? Hay que deducir que también lo ha hecho por electoralismo. A estas alturas del calendario, cuando sólo queda un trimestre para los comicios, rechazar un llamamiento a la unidad hubiera tenido demasiado coste electoral porque sería regalarle bazas al Gobierno. Y en cambio, sumarse a la convocatoria tenía un coste menor (sólo los reproches de la AVT y de la Cope), ampliamente compensado por la ventaja que obtendría el PP del previsible fracaso del Gobierno, como ha sucedido en efecto. Pues se mire como se quiera, con el fracaso del martes la política de la unidad antiterrorista que patrocina el Gobierno ha sufrido un nuevo golpe, en beneficio de la política de la crispación que promueve el PP.

Como decía Lenin respecto a la libertad: "¿Unidad, para qué?". ¿Unidad para someterse a la autoridad legítima del Gobierno, como reclama Zapatero? ¿O unidad para derrotar a ETA ilegalizando a su brazo electoral (ANV y PCTV), como reclama el PP? Al día siguiente de la concentración del martes, surgía la división en torno a cómo interpretarla. El PSOE decía: hemos recuperado la unidad ante ETA. Y Rajoy contestaba: hemos impuesto el rechazo al diálogo con ETA. Pues en efecto, la pancarta de la demostración, suscrita por el PSOE, recogía el lema impuesto por el PP: unidad sólo para la derrota. Con lo cual se advierte que, en aras de la esquiva unidad, el Gobierno va aceptando una tras otra las exigencias que le impone la oposición como precio a pagar. El precio de la unidad que ya ha pagado el Gobierno es el rechazo al diálogo. Pero ahora el PP le exige más. El próximo pago es la ilegalización de ANV: un precio que Zapatero parece estar ya predispuesto a pagar. Pero no demasiado pronto, pues ha de esperar que se agote la legislatura para que el PP ya no pueda exigirle revocar la resolución del Congreso a favor del diálogo como pago adicional. ¿Por qué cede Zapatero a las exigencias del PP? ¿Por debilidad política, por "relativismo sin principios" o por cálculo electoral, a fin de robarle votos al PP copiando su agenda con medidas centristas de Tercera Vía (como la rebaja fiscal)? Se admiten apuestas.