El alcalde de Zurgena desoyó los avisos de ilegalidades de la Junta

Las irregularidades urbanísticas en Zurgena (Almería) ya estaban sobreavisadas por la Junta de Andalucía. En más de una ocasión, al revisar las licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento, investigado por corrupción, los técnicos de la Consejería de Obras Públicas comprobaron que se pretendía construir en zonas no apropiadas y pidieron al consistorio, gobernado por el PA, que subsanara las irregularidades. "No hicieron nada, siempre lo dejaban correr", señalan fuentes de la Consejería de Obras Públicas. En el entorno del alcalde, Cándido Trabalón, detenido por prevaricación, cohecho y delito contra la ordenación del territorio, no se entiende que su actuación fuera apática. "Estaba desesperado, no sabía ya que hacer, si en octubre llegó a decir que le dejaba las competencias urbanísticas a la Junta porque no estaban de acuerdo con nada de lo que hacía", señaló ayer uno de sus colaboradores.

Unos 300 vecinos proclaman en la calle la "honradez" de su alcalde

La falta de actuación del consistorio frente a licencias irregulares hizo que la Junta de Andalucía impugnara varios expedientes en los tribunales de lo contencioso-admininistrativo. Esta vía, que terminará en el peor de los casos con demoliciones y multas, discurre de forma paralela a la Operación Costurero, por la que el miércoles la Guardia Civil detuvo al alcalde, Cándido Trabalón y a su concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras. Ambos fueron trasladados a la Comandancia de la capital almeriense, a 110 kilómetros de Zurgena, donde se negaron a declarar.

Tampoco declararon ante la Guardia Civil los empresarios Tomás Zurano y Antonio Ramos, propietarios de las inmobiliarias New Horizon Villas, especializada en el mercado británico, y Dizu, adjudicataria de numerosas obras de la Junta. También están detenidos el arquitecto técnico Carlos Berbel, desvinculado del Ayuntamiento desde hace seis meses, y el técnico municipal Francisco Salvador.

Las declaraciones de los detenidos finalizaron ayer sobre las 21.00 y está previsto que pasén hoy mismo a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Húercal-Overa. Mientras tanto, el Ayuntamiento permanecía cerrado. "¿Para qué lo van a abrir si la Guardia Civil se lo ha llevado todo?", se preguntaba una vecina.

Entre la abundante documentación y archivos informáticos incautados, la Fiscalía deberá ahora localizar los documentos clave que demuestren el cohecho entre cargos públicos y promotores privados. En función de lo que se pueda desprender de la documentación el fiscal solicitará a la jueza suplente de Huércal-Overa, Pilar Alfonso Rodríguez, libertad bajo fianza o prisión para los detenidos.

Rafael Salinas, abogado del promotor Ramos, ha vinculado la operación con el color político del Consistorio. "Se han hecho barbaridades en el resto de pueblos de al lado como en Arboleas, donde hay 5.000 viviendas, en Oria, Tíjola o Purchena. Lo que pasa es que este pueblo no es del PSOE, es del PA y parece que ésta es la razón", dijo.

Unos 300 vecinos se concentraron a partir de las ocho de la tarde de ayer en la plaza de Zurgena en solidaridad con el alcalde. Su hermana, Ana Trabalón, leyó un comunicado en el que se expresaba "total apoyo y confianza en la honradez y transparencia de nuestro alcalde", y también del concejal de Urbanismo.

El comunicado hacía una loa de la gestión del PA, que, según leyó Ana Trabalón, ha permitido a Zurgena "renacer de la muerte lenta a la que estaba sometida por anteriores corporaciones". "Con su gestión, el crecimiento, el desarrollo y la riqueza han sido para todos los vecinos del pueblo", insistió la hermana del alcalde. Durante la manifestación, la Guardia Civil pidió el DNI a todos los periodistas.