El Poder Judicial conocía el caos en 2004

Un expediente de ejecución de sentencia posiblemente traspapelado durante más de dos años evitó la cárcel a un pederasta condenado que, al permanecer en libertad, pudo reincidir con la niña de cinco años Mari Luz Cortés el pasado enero. La posibilidad de que errores como esos se produjeran ya estaba en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial cuatro años antes de ese trágico suceso. El presidente del gobierno de los jueces, Francisco José Hernando, tuvo sobre su mesa en abril de 2004 un informe de la Inspección en el que se alertaba del elevado número de ejecuciones penales en trámite (que en el segundo trimestre de 2007 superaron los 400.000 casos en toda España) y la ausencia de programas informáticos para su correcto seguimiento.

El objetivo es seguir el rastro de los asuntos en cada juzgado que los trate

El documento, redactado por el jefe del servicio de Inspección, José María Gil Sáez, se centraba en los órganos especializados en este tipo de expedientes -que se inician tras la sentencia y que sirven para verificar el cumplimiento de la pena y de las indemnizaciones impuestas- abiertos a mediados de los noventa en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, San Sebastián, Palma de Mallorca y Valencia, pero muchas de las deficiencias encontradas en ellos pueden aplicarse al resto de Juzgados de lo Penal que ejecutan sus propias sentencias, como el Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla, dirigido por Rafael Tirado, que no fue capaz de encarcelar a Del Valle en más de dos años.

El documento habla del enorme "volumen de trabajo" y de la "falta de organización" que atribuye a "una ausencia de listados informáticos completos y fiables de penados, causas con pena suspendida, buscas y capturas, permisos de conducir intervenidos..." que, a juicio del responsable de la Inspección, "facilitarían un seguimiento cabal". Los propios titulares de esos juzgados, aseguraron en unas jornadas organizadas por el Consejo en esas fechas, que ese programa debería unir "de manera automática el rastro del procedimiento a través de todos los órganos que han intervenido", auxiliar a los propios jueces en el "control" del juzgado, "controlar la adecuada resolución de la totalidad de las cuestiones surgidas a lo largo del procedimiento" y permitir "la conexión de los trámites entre los diferentes procedimientos" del condenado que se tratara.

El programa debería, en suma, crear "un registro continuo que, iniciado en los Juzgados de Instrucción", los que investigan los delitos tras ser denunciados, "traslade los datos del procedimiento a cualquier otro órgano que intervenga en el mismo", según las conclusiones aprobadas en ese encuentro. El presunto asesino de Mari Luz tenía causas pendientes en varios órganos de Sevilla y por orden de uno de ellos debía presentarse cada día en los juzgados del lugar donde se encontrara, pero ninguno detectó que tenía pendiente su ingreso en prisión desde enero de 2006.

El informe de la Inspección achaca el atasco a la última reforma penal del Gobierno de José María Aznar que creó los juicios rápidos, cuyas sentencias ejecutan también los Juzgados de lo Penal a pesar de celebrarse en los Juzgados de Instrucción. Esa modificación legal, por tanto, aceleró de manera considerable los procesos penales por ilícitos de poca importancia, pero congestionó considerablemente los juzgados penales. "Se da la paradoja de que el juicio se ha podido celebrar en 48 horas desde la detención y, una vez dictada sentencia, no se comienza a ejecutar la pena hasta pasado más de un año", llegaba a explicar el documento redactado por el presidente de la Inspección.

Desde entonces, la situación no ha cambiado mucho, según los propios jueces. El Consejo creó algunos equipos de apoyo para los juzgados penales de ejecutorias más atacados, pero los programas informáticos existentes sólo han conseguido, en parte, ordenar el trabajo de cada órgano, aunque sin que exista coordinación con los demás. Esa es la razón por la que, hoy por hoy, lo que hace un juzgado no lo conoce el de al lado. Lo que permitió que Del Valle siguiera en libertad durante dos años.