Barcelona paga el agua el 53% más cara que Lleida

Los ciudadanos de Barcelona son los que pagan el agua más cara de toda Cataluña y los que mejor uso hacen de este bien que hoy tanto escasea y que es motivo de guerras territoriales. Son los que menos consumen, los que más agua ahorran. En la provincia de Barcelona, la tarifa de uso doméstico ponderada por población, que incluye el precio de suministro, el canon del agua y el IVA, alcanzó los 1,273 euros el metro cúbico en 2006. La tarifa es el 5% superior a la de la media catalana, que fue de 1,212 euros, y casi el 53% más cara que en la provincia de Lleida, cuya tarifa doméstica no alcanzó ni el euro: 83 céntimos el metro cúbico. Las comarcas ilerdenses son, además, las que más agua consumen: 144 metros cúbicos al año por abonado, frente a una media de 125 en toda Cataluña y de 124 en Barcelona.

En la montaña, el agua requiere menos tratamiento que en la ciudad

La factura tiene cinco componentes: el coste del agua y cuatro impuestos

Son los últimos datos de la Agencia Catalana del Agua (ACA), a partir de la información facilitada por las entidades suministradoras (casi 950 empresas censadas), con una hipótesis de consumo de 10 metros cúbicos al mes, que es lo que gastan la mayoría de los abonados, casi dos tercios.

"Que los precios sean distintos no es malo, siempre y cuando los criterios para la fijación de precios sean los mismos, es decir, que reflejen los costes", se apresura a explicar la ACA. El problema es que no siempre es así: "En las zonas de montaña no se hila tan delgado, puesto que hay muchas explotaciones anticuadas y en algunas ocasiones no existe un equipo profesional adecuado que haga un buen escandallo de los costes", admiten fuentes de la agencia.

¿Cuáles son estos costes? ¿Qué estamos pagando en el recibo del agua? En la mayoría de los municipios se abonan cinco conceptos: lo que de verdad vale el agua, es decir, el suministro, y cuatro figuras impositivas: un canon, dos tasas y un impuesto (véase el cuadro adjunto). El principal componente es el precio del suministro. Es aproximadamente la mitad de la factura. Se obtiene en función del consumo del usuario y es lo único que recauda la empresa suministradora.

Incluye los gastos de captación del agua y su potabilización, el control sanitario, su distribución hasta los hogares y los costes de mantenimiento de las instalaciones y del servicio al cliente.

Las principales diferencias entre una factura de Lleida o Girona con una de Barcelona viene por ahí. "El tratamiento que requiere el agua en un municipo de montaña es distinto, más barato. Seguramente no hay que bombearla y los tratamientos de potabilización que requiere son mínimos: un poco de cloro y poco más. En Barcelona, el agua necesita mucho más tratamiento y eso se refleja en los precios", explica la ACA.

A partir de ahí todo son impuestos. El primero es el canon del agua, un tributo con finalidad ecológica, de acuerdo con la directiva comunitaria. Lo recauda la ACA y grava los daños al medio ambiente. El segundo es una tasa de alcantarillado -que no todos los ayuntamientos aplican- para subsanar los vertidos y la depuración de la red. Luego se aplica el 7% de IVA sobre el precio de suministro y sobre el canon. Y finalmente, la mayoría de los ayuntamientos aprovechan para cobrar algún servicio público; en el área metropolitana de Barcelona es la recogida de basuras. No tiene nada que ver con el agua, cierto, pero se carga en el mismo recibo porque a los consistorios les resulta más práctico: es lógico que los hogares sigan el mismo patrón para consumir agua que para generar residuos.

¿Por qué un hogar que consuma por debajo del mínimo establecido, que la ACA fija en seis metros cúbicos mensuales por vivienda, debe seguir pagando el mínimo? ¿Qué clase de incentivo es ése? "Hay unos gastos que son fijos. Por mucho que una persona gaste poco, siempre querrá que cuando abra el grifo salga agua. Y eso tiene unos costes de estructura y de mantenimiento", arguyen la ACA y las empresas suministradoras.