Senado y autonomías, pendientes del acuerdo

Una complicada reacción en cadena está a la espera de que los portavoces del PP y el PSOE en el Congreso se pongan de acuerdo sobre si quieren o no renovar a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que cumplieron su mandato en diciembre. Estos jueces los debe nombrar el Senado, de entre los propuestos por los Parlamentos de las comunidades autónomas.

Ya lo intentó en noviembre, pero el PP se opuso a todo el proceso con el argumento de que consideraba inconstitucional la forma de hacer el nombramiento a través de las autonomías. Decía que se debía esperar a que el TC resolviera el recurso que presentó sobre la cuestión. El alto tribunal ha rechazado ese recurso esta semana.

El proceso empantanado desde diciembre es el siguiente: el presidente del Senado debe enviar una carta a los Parlamentos autónomos dando un plazo (previsiblemente un mes) para proponer candidatos (dos por comunidad). Después, el Senado debe elegir a cuatro, hacerlos comparecer, y finalmente votarlos en Pleno. Varios Parlamentos autónomos consultados, a pesar de estar advertidos desde noviembre, reconocen que no han avanzado nada en cuanto a los nombres o al proceso de nombramiento, que ni siquiera tienen claro en muchos casos, en espera de que el Senado dé el primer paso. Pero el Senado no dará ese paso hasta que no haya garantías de que el PP participe en el proceso. Y eso es lo que Alonso debía conseguir ayer de su colega Sáenz de Santamaría.