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La polémica sobre la financiación autonómica

El 'Estatut' pone a prueba a Zapatero

El Gobierno afronta un encaje de bolillos: tiene que satisfacer las demandas financieras de Montilla y, a la vez, contentar a los encrespados barones socialistas

Alejandro Bolaños

El debate territorial condicionó el arranque de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y vuelve ahora a provocar roces con la oposición y, sobre todo, desavenencias mal disimuladas entre los socialistas. El presidente del Gobierno se dejó muchos pelos en la gatera para sacar adelante los nuevos estatutos y en particular, el catalán. Ahora, el desarrollo de lo que el Congreso de los Diputados y el Parlamento catalán aprobaron en el Estatut sobre financiación autonómica pone a prueba otra vez la estabilidad de su política.

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La Generalitat dio hace tres semanas el primer paso con la vista puesta en el calendario establecido en el Estatut, que fija el 9 de agosto como fecha tope para alcanzar un acuerdo sobre el nuevo sistema de "financiación bilateral". En aplicación del Estatut, reclama un aumento sustancial de los impuestos cedidos por el Gobierno. Y propone limitar a los gastos de salud, educación y asuntos sociales la transferencia de recursos a las comunidades con menos ingresos tributarios para que puedan prestar los mismos servicios básicos.

El Gobierno recibió con prudencia la propuesta catalana y ha subrayado su disposición a negociar un acuerdo antes de agosto. Pero casi todas las comunidades dirigidas por el PSOE rechazaron la idea catalana de limitar la aplicación del fondo que garantiza ingresos para la prestación de servicios básicos. Y varias voces, con el ex líder socialista Felipe González a la cabeza, enfatizaron esta semana que la crisis económica aconsejaba aplazar la negociación para evitar abrir demasiados frentes políticos a la vez. Una sugerencia a la que el presidente catalán, José Montilla (PSC), replicó con contundencia ayer en este periódico al avisar de los riesgos de que Cataluña se distancie del proyecto político español si no se respeta el Estatut.

EL PAÍS ha consultado a 11 prestigiosos expertos sobre la materia. Apuestan por un nuevo sistema, pero mantienen discrepancias sobre la propuesta catalana.

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