El PP violenta la legislación para desactivar a la Síndic de Greuges

La Comisión de Peticiones de las Cortes Valencianas acordó ayer con el único voto favorable del PP el inicio de un trámite inédito que persigue desactivar a Emilia Caballero, Síndic de Greuges en funciones desde hace dos años, a través de una reforma del reglamento de la institución que es la equivalente al Defensor del Pueblo.

Macià: "La iniciativa es una burla y un atropello al espíritu de la ley"

Morera: "Lanza un misil contra la línea de flotación de la Sindicatura"

La Comisión de Peticiones de las Cortes Valencianas acordó ayer con el único voto favorable del PP el inicio de un trámite inédito que persigue desactivar a Emilia Caballero, Síndic de Greuges en funciones desde hace dos años, a través de una reforma del reglamento de la institución que es la equivalente al Defensor del Pueblo. La ley que rige la Sindicatura de Greuges establece que una vez que expire el mandato del Síndic nombrado por mayoría de tres quintos de los diputados de las Cortes, que renuncie al cargo o que fallezca, entre otras posibilidades, y "en tanto no se haga efectiva la toma de posesión del nuevo Síndic, desempeñarán el cargo, interinamente y con plenitud de funciones, los adjuntos, por su orden". El actual reglamento remite a la ley en todo lo relativo a la remoción del Síndic.

La iniciativa del PP pretende modificar la ley a través de cambios en el reglamento para establecer que cuando los adjuntos desempeñen el cargo de forma interina se relevarán cada seis meses al frente de la institución. Además, como Caballero lleva dos años ejerciendo como Síndic en funciones desde que expiró el mandato de Bernardo del Rosal, una disposición transitoria del reglamento establecerá que el actual adjunto segundo, Carlos Morenilla, permanecerá al frente de la institución durante los dos próximos años si no se desbloquea el nombramiento del nuevo Síndic.

Ricardo Costa, portavoz del PP, argumentó que la iniciativa pretende resolver "una incongruencia legal". Diego Macià, por el PSPV, replicó que la propuesta es "una burla" que "pretende modificar la ley a través de un cambio del reglamento", que es de rango menor. Enric Morera, por Compromís, afirmó: "El PP humilla a las instituciones".La decisión del PP de modificar la ley a través del reglamento provocó que los portavoces del PSPV y de Compromís, Ángel Luna y Enric Morera, respectivamente, adelantaran su decisión de recurrir la reforma ante los tribunales sin descartar acudir al Constitucional en última instancia.

Milagrosa Martínez, presidenta de las Cortes y de la Comisión de Peticiones, el órgano parlamentario que debe recibir cada año el informe del Síndic de Greuges, asumió un protagonismo incómodo a lo largo de la escueta sesión parlamentaria de ayer. La reunión de la comisión se celebró en un salón noble. Ricardo Costa, por el PP, Ángel Luna y Diego Macià, por el PSPV, y Enric Morera, por Compromís, se sentaron frente a los cinco miembros de la Mesa de las Cortes.

Martínez abrió la sesión e invitó a los portavoces a votar la iniciativa del PP para explicar el sentido de su voto en una única intervención de dos minutos.

Luna esgrimió el reglamento para recordar a la presidenta que en todo debate debe haber turnos a favor y en contra.

Martínez invocó su condición de presidenta para ordenar el debate pero, finalmente, consintió un escuálido debate.

Ricardo Costa, por el PP, intentó destapar una "incongruencia" legal entre la ley y el reglamento que rigen la Sindicatura de Greuges argumentando que la ley prevé la interinidad de los adjuntos mientras que el reglamento establece que el Síndic cesante permanecerá en el cargo hasta que sea nombrado su sucesor. Costa obvió que Bernardo del Rosal, nombrado Síndic a propuesta del PP en 2001, fue invitado a dejar el cargo cuando culminó su mandato porque actuó con un rigor e independencia incómodos para el Consell. Pero el grueso de su intervención se centró en un ataque frontal hacia los socialistas. "Una burla y un atropello es la toma de la Sindicatura de Greuges por la puerta de atrás y a la bayoneta para usar la institución como arma arrojadiza", espetó, "nos preocupa la intención torticera del partido socialista de convertir la Sindicatura en su corralito particular de crítica política".

Diego Macià, por el PSPV, denunció que la iniciativa es una "burla" a las Cortes y un "atropello" al "espíritu de la ley" que rige la Sindicatura de Greuges. Invitó a Costa a defender su propuesta ante el pleno de las Cortes, atribuyó al carácter "intolerante" y "antidemocrático" del PP el intento de "silenciar una voz independiente" y preguntó: "¿Modificarán todas las leyes para resolver los problemas puntuales que puedan surgir?"

Enric Morera, por Compromís, acusó al PP de "no soportar las voces discrepantes", calificó la modificación como "peligrosísima" y afirmó que la iniciativa supone "un misil contra la línea de flotación de la Sindicatura". "Si los parlamentarios no respetamos la Sindicatura, ¿cómo se la van a tomar en serio los ciudadanos?", se preguntó.

"La mayoría ponderada está a favor de iniciar el procedimiento", sentenció Martínez sin siquiera proceder a la votación.

"La presidenta tiene mala conciencia", comentó el portavoz socialista Ángel Luna, "y la exhibe tratando de que el trámite sea lo más rápido y silencioso posible". Efectivamente, el detonante de la iniciativa del PP radica en la decisión de Martínez de conceder amparo al diputado socialista José Camarasa cuando el Consell le negó acceso a las actas de los consejos de dos empresas públicas. Los socialistas optaron entonces por "suspender" el acuerdo alcanzado con el PP en noviembre pasado para nombrar Síndic a José Cholbi, vicepresidente de las Cortes, hasta que la presidenta de las Cortes hiciera efectivo su amparo y exigiera al Consell que permitiera a Camarasa acceso a los documentos que había requerido.