Duran Lleida recela de que Zapatero cumpla el Estatuto
El líder de Unió Democràtica (UDC), Josep Antoni Duran Lleida, se mostró ayer receloso de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cumpla con lo establecido en el Estatuto de Cataluña y destacó que se trata de una ley y no de una simple promesa que pueda romper. Duran Lleida, que ayer visitó el Aplec del Caragol, que se celebró durante el fin de semana en Lleida, señaló que no tiene confianza en que el Gobierno cumpla con la ley del Estatuto que fija que el próximo 9 de agosto deben estar sentadas las bases del nuevo sistema de financiación.
"Zapatero estos días ha dado las suficientes evasivas como para ver que no se lo toma en serio", señáló el dirigente democristiano, que advirtió de que el Estatuto no es una simple promesa que se pueda romper, como la del traspaso del servicio de Cercanías a la Generalitat. Zapatero se comprometió a transferir el servicio ferroviario en enero y aún no se ha consumado. "Esta vez", añadió, "no hay suficiente con buenas palabras de Zapatero, necesitamos que se cumpla la ley y que haya un acuerdo sobre la financiación".
Según Duran Lleida, en los próximos meses el principal objetivo de Cataluña tiene que ser la nueva financiación y la publicación de las balanzas fiscales, una promesa de Zapatero que considera necesaria como un ejercicio de "transparencia". El dirigente de Unió subrayó que "no se trata de cuestionar la solidaridad con otras comunidades, sino en qué grado se lleva a cabo". "No puede ser que las familias catalanas, después de ser solidarias, no tengan la misma capacidad de compra que las de las comunidades que han recibido esa solidaridad. Esto es lo que tiene que solucionar el nuevo estatuto", afirmó.
El dirigente democristiano reiteró su defensa de "la constitucionalidad del Estatut" y dijo que quiere "pensar que la constitucionalidad del Estatut va más allá de la baja de un magistrado del Tribunal Constiucional por defunción o recusación", en alusión a la repentina desaparición del magistrado Roberto García-Calvo, que rompió el equilibrio entre el número de magistrados progresistas y conservadores que están debatiendo el Estatuto.
