Un fallo del fiscal pone en peligro la nacionalización de 800 saharauis

La Fiscalía de Córdoba dio su visto bueno a los expedientes de consolidación de nacionalidad de alrededor de 800 personas nacidas antes de 1976 en el entonces llamado Sáhara Occidental han tramitado en el Registro Civil de la capital. Ahora dicen que fue un fallo. El fiscal jefe de Córdoba, José Antonio Martín-Caro, reconoció ayer que: "Las cosas no se han hecho bien".

En febrero, empezaron a llegar a la Fiscalía los expedientes. Y todos salieron con el informe favorable del Ministerio Público, lo que permitió que se resolvieran satisfactoriamente. Sin embargo, la Fiscalía emitió el jueves pasado una nota interna en la que se señalaba que esos autos no se habían llevado a cabo conforme a derecho y presentaban numerosas irregularidades. Este cambio de criterio afecta, según fuentes del Registro Civil, a unos 800 expedientes ya tramitados.

Martín-Caro aseguró ayer que él se enteró de que se estaban tramitando los expedientes cuando lo leyó en este periódico el 12 de mayo. Sólo entonces se enteró de que el registro cordobés estaba dictando acuerdos de consolidación de la nacionalidad a ciudadanos nacidos en el Sáhara basándose en dos sentencias del Tribunal Supremo. "Cuando me enteré por la prensa, se me encendieron las alarmas", aseguró ayer Martín-Caro, que añadió que, en ese momento, dio "instrucciones de estudiar los expedientes en profundidad".

La primera decisión que tomó la Fiscalía fue frenar el proceso. En los casos que lleguen a partir de ahora al Ministerio Público, se informará desfavorablemente si no se cumplen los estrictos requisitos fijados en la nota interna de la Fiscalía. "Cuando se ha estudiado el caso, se ha cambiado de criterio", subrayó ayer Martín-Caro.

El alcance de este cambio está todavía por ver. De momento, lo que sí está claro es que los principales afectados son los cientos de saharauis que habían logrado tramitar favorablemente su nacionalidad en Córdoba de los que alrededor de 200 ya tenían DNI.El fiscal jefe de Córdoba, José Antonio Martín-Caro, aseguró que la mayoría de esos expedientes de confirmación de nacionalidad se va a recurrir en la Dirección General de Registros y Notarías. El proceso puede ser largo, ya que se trata de autos firmados por una juez, en este caso Blanca Pozón, y que además contaban con el visto bueno inicial de la Fiscalía.

Martín-Caro lamentó ayer "profundamente" la angustia que se ha generado en los ciudadanos saharauis que han recibido ya su nacionalidad y temen perderla ahora. El fiscal jefe quiso dejar claro que su intención no es la de "torpedear" el proceso y las esperanzas de las personas que han acudido hasta Córdoba, muchas de ellas desde otros puntos de España o, incluso, de los campos africanos. "Pero la ley dice lo que dice", sostuvo Martín-Caro.

Mientras, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) abría ayer una inspección extraordinaria en el Registro Civil de Córdoba. El encargado de la investigación es el juez decano, Luis Rabasa. Las conclusiones de este informe no han trascendido todavía. Lo que se pretende esclarecer es si la conducta de los funcionarios del registro se encuadra o no dentro de la autonomía de la que goza cada juez y, por lo tanto, lo que se ha dado es sólo una interpretación de la ley. Martín-Caro dice no tener evidencias de que se haya actuado con "mala fe".

Según la Dirección General de Registros y Notarías ya se han dado antes otros casos similares al de Córdoba, en los que la voluntad de unos funcionarios ha favorecido a los saharauis. Uno de esos antecedentes se produjo en la provincia de Badajoz, cuando, entre 2005 y 2006, cientos de ciudadanos nacidos en el Sáhara acudieron para regular su situación. Fuentes de la Dirección General de Registros sostienen que entonces también se tumbaron algunos de los expedientes, aunque no detallan cuántos.

En el caso de Córdoba, el proceso se ha basado en dos sentencias del Tribunal Supremo. Una de 1998 de la Sala de lo Civil en la que se reconocía la nacionalidad española a Badadi Mohamed Moulud Hossein y otra de noviembre de 2007 en la de lo Contencioso Administrativo que concedió a una mujer nacida en el Sáhara, Khadijatou Boukhari Dafa, su condición de apátrida. Pero la Fiscalía entiende ahora que sólo en la primera "se ha pronunciado sobre un supuesto de consolidación de la nacionalidad" y fue para una caso "muy concreto y excepcional". Según el razonamiento del Ministerio Público, "en el momento actual, no puede llegarse a la conclusión de que exista una jurisprudencia del Supremo vinculante en relación a la consolidación de la nacionalidad española de saharauis".

La impulsora en el caso de Córdoba ha sido Rocío Montes, la secretaria judicial del Registro Civil. Montes lamentó ayer que, tras el veto impuesto por la Fiscalía, los saharauis van a comenzar de nuevo "su peregrinar por los registros". Esta funcionaria reclamó ayer a la Dirección General de Registro y Notarías que "cuelgue en su web los impresos que necesitan los saharauis para lograr la nacionalidad". Además, reclamó "que se ordene a todos los registros del país que acepten sus papeles" y "que en todos los registros se actúe de la misma forma y no sea una cuestión de sensibilidades".