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El Constitucional autoriza la entrada en vigor de la ley foral matrimonial

Las parejas, salvo que firmen lo contrario, pasan a tener separación de bienes

El Tribunal Constitucional anunció ayer que levanta la suspensión cautelar sobre la ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, cuya entrada en vigor había sido paralizada a petición del Gobierno central que tiene planteado un recurso de inconstitucionalidad.

La decisión del Alto Tribunal implica que en los próximos días, una vez se haya publicado el auto judicial en el Boletín Oficial del Estado, los matrimonios celebrados en la Comunidad Valenciana pasarán a tener un régimen de separación de bienes, salvo que las parejas acuerden y firmen un régimen de gananciales.

"Entendemos que entra en vigor toda la ley, incluidos los artículos recurridos"
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La ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano es la primera legislación que emana del nuevo Estatut d'Autonomia y con la que se abre la puerta a la recuperación del derecho civil valenciano, derogado tras la pérdida de los Fueros en 1707.

Hasta ahora, a diferencia de otras autonomías que ya han recuperado la legislación foral adaptada al actual sistema democrático, el derecho civil utilizado en la Comunidad Valenciana es el de origen castellano, que en el caso de los matrimonios fija un régimen de gananciales por defecto, salvo que la pareja realice capitulaciones ante el notario.

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El auto del Tribunal Constitucional considera que las razones del abogado del Estado para solicitar que se mantenga la suspensión hasta que no se resuelva la cuestión de fondo -la inconstitucionalidad de la ley- carecen de fundamento. Para el Tribunal Constitucional, la ley matrimonial foral valenciana, aunque establece la separación de bienes por defecto, otorga a las parejas libertad para formalizar cualquier otro tipo de régimen sobre sus bienes. Razón por la que el Constitucional rechaza el argumento de que la entrada en vigor de la ley pueda causar daños irreparables a la parte más débil del matrimonio. El abogado del Estado considera que en caso de divorcio la ley foral valenciana beneficiará al hombre en aquellos matrimonios en los que la mujer no trabaja y la unidad familiar depende de los ingresos del marido.

En cambio, los magistrados del Tribunal Constitucional sí han atendido la argumentación de los servicios jurídicos de la Generalitat, que aducen que no se puede prejuzgar la inconstitucionalidad de una ley emanada de las Cortes Valencianas sustentada en una ley orgánica como es el Estatut d'Autonomia.

El Consell alega también que, en la comisión bilateral Estado-Generalitat, concebida como una mesa de negociación para evitar los recursos al Constitucional, hubo mala fe por parte del Gobierno, ya que solo planteó problemas de inconstitucionalidad a 11 artículos y no al conjunto de la ley, recurrida con posterioridad.

Este argumento ha recibido, además, el respaldo de un voto particular, suscrito por dos de los magistrados que integran la sala que han redactado el auto del Constitucional por el que se levanta la suspensión cautelar a la entrada en vigor de la ley foral.

El consejero de Gobernación, Serafín Castellano, no ocultó ayer su satisfacción por el auto del Constitucional y anunció que solicitará una nueva reunión con la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, para solicitar que se retome la negociación sobre los 11 artículos cuestionados y que se retire el recurso de inconstitucionalidad contra toda la ley foral matrimonial valenciana.

Castellano explicó que, tras hacerse público el auto del Constitucional firmado el pasado 12 de junio, el Consell retomará la campaña de publicidad institucional pensada para dar a conocer a las parejas la nueva ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano.

"Entendemos que entra en vigor toda la ley, incluidos los artículos recurridos por el Gobierno", dijo Castellano. El consejero indicó que, en el caso improbable de que el Alto Tribunal decretase finalmente el carácter inconstitucional de la ley foral, habría que ver el alcance de la sentencia, aunque ésta nunca podría perjudicar a las parejas casadas con el nuevo derecho civil valenciano.

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