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Primera condena en Guantánamo

El chófer de Bin Laden, culpable

El yemení Salim Hamdan, condenado por colaboración con el terrorismo - El fallo es el primero alcanzado por un jurado militar de la base de Guantánamo

Mónica Ceberio Belaza

Culpable de "apoyo material al terrorismo" pero inocente del cargo de conspiración para atentar contra civiles, asesinato y violación de las leyes de guerra. El primer preso juzgado por una comisión militar en la base estadounidense de Guantánamo, el yemení Salim Ahmed Hamdan, ex chófer de Osama bin Laden, escuchó ayer en la sala de juicios este veredicto de boca del portavoz del jurado militar.

Se enfrenta a una condena a cadena perpetua, que deberá proponer el jurado y ratificar el juez.

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El juicio, el primero que celebra EE UU por crímenes de guerra desde la II Guerra Mundial, ha seguido unas normas ad hoc al margen de la justicia civil y militar. Los abogados defensores, que ya han anunciado que apelarán la sentencia, se han quejado de que las reglas del juego de las comisiones de Guantánamo están pensadas para lograr una condena segura. Un portavoz de la Casa Blanca afirmó ayer que el proceso ha sido "justo".

Los letrados de Hamdan han defendido desde el principio que el acusado no era más que un mero conductor que trabajó durante cuatro años para el líder de Al Qaeda por necesidad económica, por un sueldo de 200 dólares (126 euros) al mes.

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A lo largo de las sesiones del juicio ha quedado en evidencia que no tenía relevancia alguna dentro de la organización. El auto proclamado cerebro de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York, Khalid Shaik Mohammed, detenido en Guantánamo, testificó por escrito el viernes y describió a Hamdan como demasiado "primitivo" como para formar parte de ningún plan de ataque terrorista. "No estaba preparado para planear o ejecutar", señaló. "Sólo para cambiar ruedas de camión, cambiar aceite de los filtros y lavar coches".

El jurado parece estar de acuerdo con esta versión al no haberlo declarado culpable del delito de conspiración, que hubiera implicado que Hamdan participaba activamente en las actividades de la organización. Sí lo ha considerado, sin embargo, culpable de apoyar materialmente a Al Qaeda. Hamdan, de unos 39 años -no sabe con exactitud la fecha de su nacimiento- fue capturado en 2001 en Afganistán con dos misiles en un coche que él asegura que pidió prestado para llevar a su mujer y a su hija a Pakistán.

Con este juicio el Gobierno del presidente George W. Bush ha querido demostrar al mundo que los sospechosos de terrorismo detenidos en Guantánamo (más de 800 desde que se abrieron los campos de prisioneros en 2002 y 265 en estos momentos) tienen acceso a un proceso justo y que la prisión de la base militar no es un limbo legal al margen de cualquier derecho humano básico.

El proceso de Hamdan era una pieza esencial en el lavado de cara de Guantánamo. Dos cosas eran necesarias en el empeño. En primer lugar, que el juicio, al menos en apariencia, fuera impecable. Y después, que el acusado fuera condenado. Una declaración de inocencia hubiera supuesto admitir que se había mantenido a una persona privada de derechos durante años de forma injusta.

Las formas se han cuidado al máximo. Dentro de la sala de juicios de una antigua torre de control de la base militar se podía presenciar un proceso similar a cualquier otro de los que se celebran en Estados Unidos cada día. La única salvedad era que los seis miembros del jurado, el juez y parte de los fiscales y abogados eran militares y que en una de las paredes colgaban emblemas de las distintas ramas del Ejército norteamericano.

En el fondo, sin embargo, el proceso no ha sido normal. Había pruebas y testimonios secretos por razones de seguridad nacional. Los abogados defensores no tenían acceso a toda la información y apenas un día antes de que comenzara el juicio les permitieron ver más de mil folios que tuvieron que estudiar en tiempo récord. No había público, salvo un grupo de periodistas y observadores.

Pero, sobre todo, el acusado ha carecido de los derechos más básicos durante más de seis años. Ha estado detenido sin conocer sus cargos. Algunos de los interrogatorios se llevaron a cabo en mitad de la noche y sin la presencia de ningún abogado que aconsejara a Hamdan. Jamás le informaron de que tuviera derecho alguno ni de que sus declaraciones podían usarse para incriminarlo penalmente.

El juez Keith J. Allred, capitán de la Marina, descartó el primer día de juicio los interrogatorios de Hamdan en las bases aéreas de Bagram y el valle de Panshir, en Afganistán, donde fue trasladado después de su captura en 2001, por las "condiciones altamente coercitivas bajo las que fueron hechas".

La condena supone un espaldarazo para el sistema de las comisiones militares, que celebrarán une veintena de juicios durante los próximos meses incluyendo el del supuesto cerebro de los atentados del 11-S, Jalid Shaik Mohammed.

De los 265 presos de Guantánamo, sólo hay 19 en estos momentos con cargos formales. En caso de que Hamdan hubiera sido declarado inocente, de cualquier forma, no habría sido liberado. Portavoces del Departamento de Defensa han declarado estos días que lo habrían seguido considerando como un "combatiente enemigo ilegal". Hamdan tendrá ahora que ser apartado del resto de los prisioneros. Ya no será un detenido -según el eufemismo que usa el Gobierno norteamericano para definir a prisioneros encerrados durante años- sino un condenado. No está claro dónde cumplirá la pena, pero este fallo podría llevarle al aislamiento total.

Amnistía Internacional, entre otras organizaciones de defensa de los derechos humanos, rechazó ayer esta condena y denunció que el juicio no ha sido imparcial ni ha reunido las mínimas garantías jurídicas.

Un soldado de EE UU vigila a uno de los prisioneros en el penal de la base de Guantánamo.
Un soldado de EE UU vigila a uno de los prisioneros en el penal de la base de Guantánamo.AFP

Quedan 265 presos

- Unos 800 presuntos terroristas han sido encarcelados en Guantánamo desde el 11 de enero de 2002. Unos 500 han sido liberados o entregados a las autoridades de sus países de origen. En la actualidad quedan en la base 265 detenidos.

- Las comisiones militares creadas por la Administración Bush están actualmente juzgando a 19 acusados

de crímenes de guerra. El Pentágono pretende enjuiciar a otros 80 presos.

- Washington pretende transferir a sus países de origen o a países terceros a decenas de detenidos. El Pentágono considera que otros 80 prisioneros son demasiado peligrosos como para que que salgan de Guantánamo, pero no tiene previsto procesarlos por insuficiencia de pruebas.

Procesos atípicos

- En 2002, la Administración Bush define a los presos de Al Qaeda como "combatientes enemigos ilegales", y no les reconoce los derechos de la Convención de Ginebra. Además, la Casa Blanca considera que los presos de Guantánamo no pueden ampararse a las leyes y la jurisdicción ordinaria de EE UU. Se ha creado un régimen procesal atípico.

- El procedimiento en las comisiones militares es menos favorable para los acusados respecto al ordinario. La condena puede ser dictada con dos tercios de los votos, en lugar de con unanimidad. Las pruebas obtenidas bajo coerción, pero no con torturas, son admisibles.

- En 2006, el Supremo se pronunció en contra del sistema de comisiones militares, instituido sin aprobación parlamentaria. El Congreso aprobó entonces la legislación para autorizar esos tribunales. El pasado 12 de junio, el Supremo reconoció a los presos el derecho de recurrir su detención ante la jurisdicción ordinaria.

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Sobre la firma

Mónica Ceberio Belaza
Reportera y coordinadora de proyectos especiales. Ex directora adjunta de EL PAÍS. Especializada en temas sociales, contó en exclusiva los encuentros entre presos de ETA y sus víctimas. Premio Ortega y Gasset 2014 por 'En la calle, una historia de desahucios' y del Ministerio de Igualdad en 2009 por la serie sobre trata ‘La esclavitud invisible’.

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