Calderón purga la Fiscalía mexicana
El presidente impulsa una reforma de la justicia para reforzar la lucha contra el crimen organizado
El Gobierno mexicano del presidente Felipe Calderón guarda silencio sobre la crisis de inseguridad que asola al país, y que ha provocado la salida de dos altos cargos de la Fiscalía (Procudaría General de la República o PGR). El Gobierno está insatisfecho por los malos resultados en la guerra contra el narcotráfico, la falta de coordinación de las fuerzas de orden y el grave repunte de la criminalidad en las calles.
La supuesta implicación de varios policías en el secuestro y asesinato de un niño ha conmocionado a una sociedad a la que Calderón ha respondido reabriendo el debate de la cadena perpetua.
El Gobierno está a favor de la cadena perpetua para los secuestradores
En apenas 10 días, la justicia ha perdido a José Luis Santiango Vasconcelos, veterano de la lucha contra el narcotráfico, y Noé Ramírez Mandujano, encargado de la batalla contra el crimen organizado. Ambos presentaron su renuncia, sin dar explicaciones, en medio de la depuración de responsabilidades que surgió al encontrarse el cadáver de Fernando Martí. El joven, de 14 años, fue víctima de un secuestro presuntamente organizado por una banda de policías judiciales.
La prensa mexicana sigue especulando con la purga de altos cargos, que podría alcanzar a otros dos de los cinco subprocuradores de la PGR. Se habla de presiones de Estados Unidos y de ausencia de éxitos. Lo más llamativo, según el politólogo Federico Berrueto, es que "no hay información oficial del tema, quizás el más importante de la agenda nacional: crimen organizado y cuotas de violencia e inseguridad". El pasado año se denunciaron 438 secuestros en México, aunque se considera que se produjeron muchos más. Este año, el Gobierno ha optado por no dar cifras.
"Detrás de muchos de los crímenes hay participación policial", arguye Berrueto. El analista critica la ausencia total de información, en un país en el se han producido más de 2.000 ejecuciones relacionadas con el narcotráfico en lo que va de año, 300 de las cuales han corrido a mano de policías en activo o retirados.
Sorprende, sin embargo, la salida de Vasconcelos y Mandujano ya que sobre ellos nunca ha pesado ninguna acusación o sospecha de corruptela. "Son medidas en las que se ofrecen cabezas a Huitzilopochtli [dios azteca de la guerra], para calmar un poco a una opinión pública que no ve resultados", explica Luis de la Barreda, director del Instituto para el Estudio de la Inseguridad. Pese a las renuncias coyunturales de altos cargos, la prioridad, dice, "es que haya coordinación para enfrentar el caos criminal que estamos viviendo. Hay que trabajar porque no veremos un milagro". Barreda opina que los primeros pasos deben dirigirse a "la depuración de las fuerzas de seguridad, muy infiltradas por la delincuencia".
Además del caso Martí, la policía ha sido acusada del asesinato de una familia en Jalisco, la pasada semana, y algunos de los agentes se han convertido en verdaderos guardaespaldas de los grandes narcos. A la corrupción y la nula transparencia, se une la falta de resultados. Varias organizaciones pro Derechos Humanos sostienen que en todo México solo se resuelven el 10% de los secuestros.
En respuesta a la creciente indignación social, el presidente Calderón prometió nuevas soluciones, y el jueves puso sobre la mesa la implantación de la cadena perpetua. La medida, según explicó en el Congreso, se dirigiría precisamente a funcionarios policiales implicados en secuestros, o casos en que las víctimas sean menores de edad. Las mismas características que reune el polémico caso Martí. En realidad, la propuesta sería una simple ampliación de la iniciativa para la reforma del Código Penal que el presidente envío al Legislativo en marzo de 2007. Un último impulso a una norma estancada, que ya tenía como objetivo introducir la aplicación de la cadena perpetua para los secuestradores.
La supuesta novedad de la propuesta presidencial busca aplacar los caldeados ánimos desatados por el escándalo Martí, y disimular el mar de silencio que envuelve al Gobierno sobre la crisis de criminalidad.
Mientras, México sigue sufriendo la ola de violencia, y en las calles se preparan manifestaciones de protesta. Ni la renuncia de los dos altos cargos, ni la incertidumbre sobre la estrategia gubernamental ayudan a solucionar la creciente desconfianza en las fuerzas policiales.
El asesinato que conmocionó al país
A Fernando Martí, un joven de 14 años e hijo de un empresario mexicano, lo secuestró y asesinó en junio pasado la Banda de la Flor, que, según las investigaciones policiales, es extremadamente violenta y está formada principalmente por policías. La familia de la víctima pagó, según se ha publicado, entre cinco millones de pesos (328.132 euros) y seis millones de dólares (3.917.471 euros), y estaba dispuesta a entregar dos millones de dólares más por la liberación del chico.
Al parecer, los agentes montaron un falso retén en la carretera para secuestrar al hijo del millonario. Luego, cobraron el rescate y negociaron la entrega de más dinero, incluso cuando Fernando Martí ya había sido asesinado. La semana pasada, su cuerpo fue hallado en el maletero de un coche. Llevaba muerto más de un mes. El descubrimiento ha crispado a la sociedad mexicana, indignada por el aumento de la criminalidad. Por su parte, el Gobierno de México DF y las autoridades federales se culpan mutuamente del fracaso de la investigación.
La fiscalía de la capital ha detenido a dos policías judiciales acusados de raptar a Martí, y está investigando a varios más. Se relaciona a la Banda de la Flor, al menos, con otros cuatro casos. En todos ellos mataron a los rehenes y los dejaron junto a un crisantemo, de ahí su sobrenombre.
