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La lucha contra el terrorismo

Ondarroa, un municipio amenazado

El atentado de ayer se produce en la localidad de Vizcaya donde más presión y amenazas realiza la izquierda abertzale a los partidos democráticos. Ondarroa es el único municipio vasco significativo por su población (9.000 habitantes) donde no se pudo constituir el Ayuntamiento en junio de 2007 tras las elecciones municipales, debido a las presiones de los radicales: éstos reivindicaban la alcaldía al arrogarse los votos nulos, que fueron 2.915 (el 45,42% de los emitidos). El PNV fue la lista más votada con 1.720 sufragios (el 65,2% de los válidos).

Sólo el concejal del PP intentó tomar posesión del escaño. Los electos peneuvistas, al igual que los de EA y EB (la federación de IU en Euskadi), se negaron a recoger sus credenciales y ello provocó una crisis en el PNV: hubo una orden de expulsión de los ediles -que al final no se ejecutó- y, como no había forma de constituir el Ayuntamiento, la dirección peneuvista tuvo que formar una gestora municipal para gobernar Ondarroa. El presidente de esa gestora, Félix Arambarri, ha sufrido continuas amenazas e insultos. Su coche particular fue incendiado en octubre del pasado año.

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Aunque la situación se ha calmado en los últimos meses, la anormalidad persiste. Sólo se ha podido celebrar un pleno en el pueblo: el primero, en agosto de 2007; pero tras el acoso de los radicales, la sesión tuvo que continuar en el despacho del presidente de la gestora, bajo protección de la Ertzaintza. El segundo pleno se llevó a cabo en Markina, a diez kilómetros de Ondarroa, y los siguientes han tenido lugar en Bilbao, en la Diputación foral, a puerta cerrada. Las convocatorias no se publicitan: Arambarri avisa al resto de los miembros por teléfono o correo electrónico. A pesar de la presión, la gestora anunció ayer que celebrará hoy, a las 11.00, un pleno extraordinario en Ondarroa para condenar el atentado.

Los simpatizantes radicales mantienen desde hace cinco años un boicot fiscal, que ha llevado al Ayuntamiento a firmar un convenio con la Diputación para que ésta cobre los impuestos. El líder municipal de ANV, Unai Urruzuno, dijo en agosto que los vecinos que hacen boicot "seguirán como hasta ahora: sin pagar un solo euro".

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