La policía rastrea en 23 bancos de Castellón las cuentas de Carlos Fabra
Anticorrupción insta a la juez a acelerar la investigación sobre el político del PP
El atuendo de los policías sorprendió a empleados y clientes. "Es un requerimiento del Juzgado número 1 de Nules", dijo uno de los agentes, ataviado con bermudas y una sudadera con capucha. Pasaban unos minutos del mediodía cuando una clienta presenció la entrada de este agente en una sucursal de Caja Madrid en Castellón. Poco antes, los miembros de la policía judicial y los peritos judiciales habían "visitado" una oficina del BBVA. Más tarde, otro equipo requería información en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Salieron tapándose la cara, uno de ellos ayudado de un pañuelo que llevaba anudado al cuello. A primera hora de la mañana ya habían pasado por el Banco Santander y a lo largo de la jornada completaron la visita a 23 oficinas bancarias.
La inspección abarca también los ingresos de familiares del dirigente popular
La fiscalía indaga si cometió delitos contra la Administración y fraude fiscal
Los agentes de la unidad de la policía judicial adscrita a la Fiscalía Anticorrupción se presentaron ayer en las sucursales bancarias para obtener información de las cuentas del presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra. A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que está personada en la causa desde 2004, se puso en marcha la operación con el requerimiento realizado por la juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Nules, donde se instruye el llamado caso Fabra, que investiga al dirigente del Partido Popular por presuntos delitos contra la Administración pública y un posible fraude fiscal.
La investigación se inició después de que un empresario acusara al dirigente popular de cobrarle "cantidades millonarias" a cambio de su mediación política en la obtención de autorizaciones para fabricar productos fitosanitarios. Durante los casi cinco años de instrucción del caso, han pasado por el juzgado ocho jueces y cuatro fiscales, lo que ha dilatado aún más el proceso.
El objetivo del requerimiento judicial es que los peritos obtengan toda la información necesaria para realizar un informe tras cotejar los datos de los ingresos declarados a Hacienda y los movimientos de sus cuentas bancarias. El cruce de datos permitirá comprobar si lo que le reportan a Fabra su trabajo y sus inversiones coincide con el dinero del que dispone en bancos y cajas. El informe de los peritos resulta crucial para la investigación y, posiblemente, de su resultado dependerá la decisión de abrir juicio oral al dirigente popular o archivar el caso.
Carlos Fabra ya se negó a aclarar el origen de más de 600.000 euros que los inspectores de Hacienda detectaron en sus cuentas en la investigación del ejercicio fiscal de 1999. La inspección acabó en denuncia después de certificar ingresos en efectivo realizados en 19 cuentas bancarias de las que Fabra era titular y en otras 75 en las que figuraba como cotitular. Muchos de estos ingresos fueron realizados en días consecutivos y por un importe no superior a los 3.000 euros. Aún hoy, el presidente de la Diputación de Castellón no ha aclarado la procedencia de este dinero, ya que se negó a declarar ante la juez.
Ayer, Carlos Fabra manifestó estar tranquilo. "No estoy nada nervioso por el tema", comentó, aunque mostró su disconformidad con el hecho de que la operación se haya desvelado. "Me sorprende que, una vez más, sean ustedes los que informan a la opinión pública", declaró a los periodistas. Según Fabra, los bancos han remitido en "reiteradísimas ocasiones" los documentos que ayer buscaba la policía en las sucursales de Castellón. Añadió que le parece muy bien "que se mire con pulcritud todo el tema".
En la misma línea, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, dijo acatar la decisión de la juez de Nules y criticó a la Administración de justicia que, según dijo, "debería ser más vigilante y cuidadosa con determinada información que aparece en los medios de comunicación, y que debería ceñirse al ámbito judicial porque puede afectar a la seguridad jurídica o la imagen de la persona de la cual estamos hablando".
La investigación de las cuentas bancarias no se limita a Carlos Fabra, sino que se extiende al patrimonio y a las cuentas de su familia después de que la Audiencia de Castellón admitiera como pruebas estos datos, porque en este tipo de delitos "no es infrecuente que el eventual lucro obtenido trate de ocultarse en la esfera familiar", señaló el propio tribunal. El mismo auto indicaba que, cuando se trata de delitos contra la hacienda pública, su complejidad "determina la necesidad de la práctica de diligencias que pueden afectar a un amplio círculo de personas". Así, el juzgado de Nules decretó para los peritos el acceso a los registros públicos de la propiedad, mercantiles y de hacienda. Hace un año, la juez requirió a los bancos que aportaran documentación.
Sin embargo, la respuesta de éstos no siempre ha sido rápida. De hecho, en enero, la juez mandó un requerimiento a las entidades que, en algunos casos, habían enviado documentación incompleta. Ayer, un policía judicial y un perito se personaron en cada una de las 23 oficinas para reclamar, exactamente, los documentos que precisaban.
El Tribunal Superior de Justicia valenciano señaló que el objetivo del despliegue es "evitar la demora de meses que hubiese supuesto solicitar la documentación a través del correo ordinario".
