El Gobierno acelera la aplicación de la Ley de Memoria
Tras nueve meses de entrada en vigor, y dos semanas después de que el juez Garzón reactivara la polémica, el Gobierno, que hasta ahora apenas había movido el asunto, ha puesto el pie en el acelerador para desarrollar los puntos más delicados de la Ley de la Memoria. En especial el de la elaboración de un mapa de fosas de la guerra y la eliminación de los símbolos franquistas.
La decisión política de sacar adelante este asunto está tomada, según se pudo comprobar en la sesión de control, en la que la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ante las preguntas de Gaspar Llamazares, de IU-ICV, que ya está casi listo el desarrollo de la ley.
En uno de los puntos clave, el de la retirada de símbolos franquistas, el Ministerio de Cultura, según fuentes del Ejecutivo, ultima una instrucción ministerial para fijar los criterios de las excepciones que pueden ser conservadas por "razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas", marcadas en el artículo 15.
Este texto, endurecido en el Congreso gracias a la presión de IU-ICV y PNV, obliga a todas las Administraciones -ayuntamientos y comunidades autónomas en manos del PP incluidos- a retirar "escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".
Algunos ayuntamientos se han escudado hasta ahora en que las excepciones no estaban claras. Antes de que acabe octubre, según fuentes de La Moncloa, estará aprobada la instrucción que evitará esa excusa. Otros alcaldes, como el de Santander, del PP, están esperando las obras de un aparcamiento que llevan dos años de retraso para retirar una estatua ecuestre del dictador. Otros, como los de A Coruña (PSdG-BNG) han comenzado ya el cambio de calles y anuncian la retirada de una estatua dedicada a un golpista como Millán Astray.
Las excepciones que marque la instrucción sobre "razones artístico-religiosas" también servirá para aclarar uno de los asuntos más polémicos, el de las placas en las iglesias de media España con los "caídos por Dios y por España". La ley marca que las Administraciones "podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados" que no eliminen símbolos, entre ellos la Iglesia. La aclaración eliminará cualquier excusa para acabar con esas placas. La Conferencia Episcopal ha rechazado esta idea en múltiples ocasiones.
Otro de los puntos que se desarrollarán antes de que acabe octubre es el de la elaboración de un mapa de fosas comunes de la Guerra y la represión franquista. El Ejecutivo tiene la intención de reunirse en las próximas semanas como la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y las comunidades autónomas para establecer un protocolo de actuación que permita obtener toda la información para poner en manos de las familias y las asociaciones un mapa detallado de fosas.
Antes, el Gobierno resolverá algunos de los puntos más urgentes. El viernes, el Consejo de Ministros aprobará cuatro reales decretos para regular la declaración de reparación de las víctimas, los que murieron entre 1968 y 1977 represaliados por la policía y grupos ultras, la posibilidad de que los brigadistas internacionales sean españoles sin renunciar a su nacionalidad y un procedimiento para restituir los documentos de carácter privado que están en el archivo de Salamanca.
