Afganistán pide a la OTAN que combata el narcotráfico

Afganistán pidió ayer por primera vez y oficialmente a la OTAN que intervenga en la lucha contra el narcotráfico, principal fuente de financiación de la insurgencia talibán. La solicitud afgana, que reforzaba la realizada por el supremo jefe militar aliado, general John Craddock, ante los ministros de Defensa reunidos en Budapest, generó un intenso debate entre los presentes sobre los límites del mandato de la ONU.

España y otros países quieren que Kabul encabece la lucha contra la droga

"Es un problema muy complejo", reconoció el secretario general aliado, Jaap de Hoop Scheffer, quien aventuró que hoy habrá "algún tipo de conclusión". España, recelosa ante la propuesta, se dice consciente de que hay que acometer esa lucha, según la ministra Carme Chacón, que pide que el liderazgo de la intervención lo tenga el Gobierno afgano.

Un informe que están ultimando las agencias de inteligencia de Estados Unidos ofrece una muy negativa visión de Afganistán, embarcado en una "espiral descendente" alimentada por la ineficacia, la corrupción en las instancias públicas, el narcotráfico y la falta de recursos para combatir a los talibanes. El documento, del que ayer daba cuenta The New York Times, subraya el cáncer de la droga como gran corruptor de la política.

Robert Gates, secretario de Defensa de EE UU, en su última comparecencia ante sus colegas aliados, y el general Craddock, supremo jefe militar de la OTAN, plantearon a los otros ministros la necesidad de que la Fuerza Internacional de Asistencia y Seguridad (ISAF) amplíe su misión y se implique en la lucha contra una actividad que mueve del orden de 4.000 millones de dólares (2.900 millones de euros), la cuarta parte de los cuales se queda en Afganistán y de la que unos 80 millones de dólares van dirigidos a financiar las actividades de los talibanes. "Nuestros hombres mueren por armas compradas con el dinero de la droga", indicó Scheffer en conferencia de prensa, haciéndose eco de la posición de Craddock de que los ministros tienen "la obligación moral de proteger a sus soldados".

La ofensiva concertada de Craddock y el ministro afgano de Defensa, Abdul Rahim Wardak, hizo mella en los reticentes a este tipo de extensión del compromiso con Afganistán, al menos la mitad de los aliados, hasta el extremo de que lo que antes de la reunión de Budapest parecía muy difícil de conseguir por la necesidad de que haya consenso, hoy puede hacerse realidad: soldados de la ISAF atacando laboratorios, productos químicos y transportes de droga en el país asiático.

España y los que dudan (Alemania, Francia, Italia, Polonia, Turquía, Portugal, Grecia, Bélgica y Luxemburgo, entre otros) mantienen que la resolución 1.833 de Naciones Unidas sobre la ISAF especifica claramente que la lucha antidroga debe ser dirigida por el Gobierno afgano. No parece contradictorio con lo que piden Craddock y Wardak, y para hoy se espera dar con la formulación que satisfaga a unos y otros. "Queremos consenso", señaló un ministro del bloque reticente. Las opciones parecían anoche reducidas a dejar libertad a los países que quieren profundizar en esa estrategia o reforzar los esfuerzos que ya hacen el Ejército y la policía afganos.

Hasta ahora, la ISAF desarrolla una función muy subsidiaria en la lucha antidroga: ofrece inteligencia, apoyo logístico a las operaciones de los afganos y evacuación de ellos en caso de ataque. España aboga por incrementar ese esfuerzo en vez de volver a lanzarse directamente a la intervención.

La ISAF tiene desplegados 51.700 soldados y los jefes militares sobre el terreno reclaman otros 12.000 más, petición sostenida como siempre por Estados Unidos y el secretario general, Jaap de Hoop Scheffer. Estados Unidos, que tiene 13.000 efectivos en la ISAF, junto a los 20.000 que operan paralelamente en la operación Libertad Duradera, está dispuesto a hacer el grueso del esfuerzo y ha pedido a los aliados que refuercen sus dotaciones. Alemania y Reino Unido ya han dado el paso adelante, y algunos países pequeños también han ofrecido tropas. España se mantiene sin cambios.

Los ministros sí se pusieron de acuerdo ayer en enviar una flotilla de unos siete barcos a las costas de Somalia para garantizar la llegada de barcos del Programa Mundial de Alimentos, de la que depende la supervivencia de más del 40% de la población del país africano. La operación implicará patrullar las aguas para impedir la piratería. Los barcos aliados estarán en su destino en un par de semanas. El despliegue complementará al que la UE piensa aprobar el próximo 10 de noviembre.