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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Respuestas radicales

El plan de avales del Gobierno sigue la estela de la decidida intervención británica en la banca

Las autoridades españolas están reaccionando acertadamente a las amenazas de la crisis financiera global sobre la economía y el sistema financiero español. Acertó el Gobierno la semana pasada al garantizar los depósitos españoles y crear un fondo para la compra de activos bancarios no tóxicos, por hasta 50.000 millones de euros; y acierta ahora al comprometer el aval del Estado a las nuevas emisiones de títulos por entidades financieras españolas por un valor máximo de 100.000 millones de euros, hasta finales del año próximo. Se trata de una cuantía respetable, equivalente al total de la financiación exterior que necesita la economía española, debido al voluminoso desequilibrio en la balanza de pagos por cuenta corriente. Garantizadas las renovaciones de vencimientos de emisiones, las entidades bancarias españolas podrán tratar de normalizar su inversión crediticia y salir de la situación de racionamiento crediticio de los últimos meses. Si hay crédito habrá inversión empresarial y el impacto de la ya evidente recesión económica en el empleo será menor.

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Esas decisiones las hace respetando los procedimientos internacionales decididos por el Eurogrupo. Sólo la muy estrecha coordinación de todas las autoridades monetarias mundiales conseguirá aclarar el caos financiero que se desató la semana pasada. El G-7 lo intentó, pero ha sido Europa la que ha caminado tras la senda radical marcada por las autoridades británicas. No en vano ese sistema bancario es de los más precarios del mundo, junto al estadounidense. Las autoridades británicas han optado por desplegar nacionalizaciones parciales para evitar males peores a los ya conocidos. España no necesitaba decidir actuaciones tan drásticas, pero ha hecho bien en prever esa posibilidad de recapitalización.

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Conviene imitar de las autoridades británicas la disposición a intervenir con todas las consecuencias y en llevar un control estricto del destino del dinero. Los contribuyentes han de tener garantías de que sus recursos se emplean bien y de que pueden llegar incluso a recuperarse con beneficios. Las autoridades también tienen que exigir a las entidades adecuación a las nuevas exigencias de un entorno financiero menos favorable que el de los últimos años. Ello puede exigir un ajuste del número de operadores entre bancos, cajas y cooperativas de crédito.

Quede bien claro que la crisis financiera está lejos de superarse. Su impacto sobre la economía va a ser grave y la vulnerabilidad financiera española sigue siendo tan significativa como lo es la exposición de otros sistemas avanzados. Éstas son las ideas y percepciones comunes que deberían estar hoy sobre la mesa en la reunión del presidente del Gobierno con el presidente del PP, Mariano Rajoy. Quien, por cierto, no parece estar muy enterado del alcance del colapso financiero global y sigue pensando como si pudiera resolverse con las medicinas propias para una recesión local.

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