Y con el juez Tirado, ¿qué hacemos?

"¡Por favor, dejadnos 100 días, sólo 100 días!". Esta exclamación, hecha en plan distendido a un grupo de periodistas por una vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), resume con nitidez el desasosiego que vive el órgano de gobierno de los jueces españoles. El nuevo Consejo nació hace apenas 40 días bajo dos enormes losas que aún no ha logrado quitarse de encima. La primera, el estigma de su politización. Y la segunda, herencia del anterior Consejo: cómo resolver el caso del juez Rafael Tirado, que durante dos años dejó libre a un pederasta que, en ese tiempo, supuestamente mató a la niña Mari Luz Cortés. El anterior Consejo le puso una multa de 1.500 euros que no ha dejado a nadie indiferente.

Los conservadores se niegan a hacer del juez sancionado una cabeza de turco

Es previsible que el nuevo Consejo tome una decisión sobre el expediente del juez Tirado a finales de noviembre. Si, como postulan vocales progresistas y conservadores, el Consejo adopta una decisión por unanimidad, habrá logrado ganar una primera batalla y dar una apariencia de consenso ante la sociedad.

Pero la tarea no es fácil. Entre los vocales conservadores existe la convicción de que no cabe hacer del juez Tirado "un cabeza de turco". A lo sumo, sostienen, jurídicamente sólo cabe mantener o aumentar algo la multa de 1.500 euros que ya le impuso el anterior Consejo, pero en ningún caso, suspenderle de empleo y sueldo. Frente a esta postura, entre los vocales progresistas anida la opinión de que el caso Mari Luz no puede saldarse sólo con una pequeña multa. Una de las ideas es suspenderle de empleo y sueldo dos años, como ha hecho el ministro Bermejo con Juana Gálvez, la secretaria del juzgado de Tirado, lo que motivó el paro de tres horas que desarrollaron el pasado día 21 el 85% de los secretarios judiciales españoles. El caso Tirado será un punto de inflexión para el nuevo Poder Judicial.

Entre los nuevos vocales se ha extendido la convicción de que deben cerrar filas, al menos en los asuntos de mayor calado social (y en concreto, en el caso Mari Luz). La idea es dar una imagen de unidad cara al exterior, que ayude a mitigar el estigma de partidismo ideológico. Junto con la endémica falta de medios de la justicia y las proclamas de PP y PSOE a favor de endurecer la sanción al juez Tirado, es lo que subyace en la masiva huelga de jueces y secretarios del pasado martes, la mayor acción de protesta del ámbito judicial que se recuerda desde el advenimiento de la democracia.

En la judicatura sentó muy mal que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, así como destacados dirigentes del PP, se pronunciaran públicamente y sin cortapisas a favor de que el nuevo Consejo aumentara la sanción al juez Tirado.

"No estamos dispuestos a ser la correa de transmisión de ningún partido. Es cierto que nos han elegido los políticos, pero los nombramientos ya están hechos, son por cinco años y durante este tiempo somos inamovibles e independientes", apunta una vocal progresista. "Se tomará una decisión jurídica ajena a todo tipo de presiones, que no vamos a consentir vengan de donde vengan", ha reiterado la portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo.

"Queremos acabar, si nos dejan, con el lastre de que el Consejo es un miniparlamento donde progresistas y conservadores pactaban, como ocurrió durante el último Consejo, cómo repartirse los nombramientos de los altos cargos de la judicatura, y utilizaban informes jurídicos para apoyar a sus partidos afines", coinciden en razonar, por separado, vocales propuestos por PP y PSOE.

Los nuevos vocales han acordado motivar sobradamente cada nombramiento. Ni por lo más remoto quieren que el Tribunal Supremo les vuelva a tirar a la cara la designación de un cargo judicial por ausencia de motivación, como le sucedió al anterior Consejo con Javier Gómez Bermúdez, el juez del 11-M, al que la mayoría conservadora tuvo que proponer tres veces para presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.