Un coronel al mando de cien generales

Un manifiesto del Tribunal Supremo contra la "intolerable presión" de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega al exigir del Poder Judicial la suspensión por tres años para el juez del caso Mari Luz, Rafael Tirado, ha puesto el broche final a la revuelta que ha unido a jueces y secretarios de todas las tendencias en una protesta sin precedentes contra el Gobierno.

El comunicado, firmado por 46 magistrados, un 80% de la plantilla si se exceptúa la abstención forzada de la Sala de lo Contencioso -que juzgará en última instancia la sanción al juez Tirado-, ha causado asombro por su contundencia en exigir que se "desatiendan" demandas "justicialistas y de ejemplaridad" debidas a "motivos de oportunidad". También reclama al Poder Judicial que valore la situación real y la carga de trabajo del juzgado de Tirado.

Los mismos que arroparon a Bermejo ahora lo menosprecian

Por supuesto, los jueces supremos se han hecho oír siempre que les ha convenido, pero un manifiesto público tan contundente contra el Gobierno nunca se había producido. En el Ministerio de Justicia reconocen que ha sido "el que más ha dolido": lo firman todos los compañeros del sector progresista del ministro Bermejo. Los mismos que le arroparon en su sonado enfrentamiento con su predecesor del PP, José María Michavila, que le costó la jefatura de la Fiscalía de Madrid. Al entonces admirado fiscal le definen ahora como "relevante sujeto público".

Desde Justicia responden que el Supremo incurre en las mismas presiones al Poder Judicial que tanto critica, y se quejan de que lo haga frente a un Gobierno que ha decidido "apostar fuerte" por la justicia, con reformas y altos presupuestos.

En realidad, no hay Gobierno que más o menos retóricamente no haya "apostado fuerte" por la justicia, y los resultados a la vista están. Pero ha sido precisamente la última apuesta del presidente Zapatero, la de llamar al presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, para presidir el Tribunal Supremo la que ha generado el fortísimo malestar que respira el comunicado.

En términos militares, el nombramiento de Dívar equivale a poner a un coronel al mando de cien generales. Dívar tiene un trato afable, sentido institucional, prudencia, constancia y un sinfín de virtudes cristianas. Pero ni ha hecho la mili en el Tribunal Supremo, ni se le reconocen galones para mandar sobre tantos entorchados y tanta Cruz de San Raimundo.

El nuevo presidente procede de un juzgado central desde el que pasó a presidir la Audiencia Nacional. Como instructor se le recuerda por sus sumarios impecables, perfectamente ordenados. Pero no ha puesto una sentencia en su vida y en el Supremo algunos currículos suman más de cinco mil sesudas resoluciones de varios órdenes jurisdiccionales. Y no sólo llega de una jurisdicción inferior, sino de la que más sopapos jurisprudenciales ha recibido del Supremo en los últimos años.

Entretanto, para el nuevo Consejo del Poder Judicial sólo promociona una magistrada del Supremo, Margarita Robles. Nunca antes el alto tribunal había tenido un único representante en el Consejo. Con un sentimiento de desprecio a flor de piel, las declaraciones de la vicepresidenta Fernández de la Vega caen como la cerilla que prende el incendio. Una "injerencia" de libro según el Supremo, a la que el Ejecutivo replica que el Consejo está sujeto a la crítica y con más razón si es por una multa de 1.500 euros al juez Tirado.

Pero una cosa es criticar una sanción por exigua, y otra recomendar una expulsión por tres años. El Supremo siempre ha estirado su garantismo cuando revisa las sanciones impuestas a los jueces y han sido varios los expulsados que han vuelto a la carrera tras presentar un recurso. Así las cosas, las advertencias contra sanciones ejemplarizantes se resumen en el Foro con la frase "eso, en el Supremo, se lo cargan".