La decisión no satisface ni a emigrantes ni a refugiados
La forma en que el Gobierno ha desarrollado la Ley de Memoria Histórica para que los hijos y los nietos de los españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955 puedan acceder a la nacionalidad no satisface completamente a las organizaciones de descendientes de exiliados ni a las de descendientes de emigrantes.
Ludivina García, ex eurodiputada socialista y presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio, recalca que ella está a favor del acceso de los hijos y nietos de los emigrantes a la nacionalidad, antes de añadir: "Nos preocupa que la mezcla entre la emigración económica y el exilio pueda confundir a los jóvenes respecto al concepto exilio. El exilio fue político, no económico. No se puede reescribir la historia en un texto legal". No obstante, García prefiere esperar a la publicación de la instrucción anunciada por el Ministerio de Justicia antes de adelantar más juicios.
Desde Buenos Aires, Guillermo García, coordinador de Hijos y Nietos de Españoles, organización que agrupa a descendientes de emigrantes, también está atento a que la instrucción aparezca en el Boletín Oficial del Estado. Para él, el problema reside en que los hijos y nietos de las mujeres que emigraron antes de 1936 han sido discriminados.
"Ellos no tienen padres españoles de origen porque, hasta la Constitución de 1978, las mujeres no podían transmitir la nacionalidad", explica. "Es verdad que lo aprobado por el Consejo de Ministros recupera la nacionalidad para los descendientes de las españolas que emigraron a partir de 1936, pero pervive una discriminación de género respecto a las que salieron antes del país. Y la emigración más fuerte hacia América se produjo antes de ese año".
La inclusión de los emigrantes en la Ley de Memoria Histórica sorprendió a muchos, pero añadirle a quienes emigraron durante la República parece imposible.
