El Consejo se opone a levantar la suspensión al juez Calamita
El Consejo General del Poder Judicial desestimó ayer, durante su sesión plenaria, por unanimidad, una petición del juez murciano Fernando Ferrín Calamita. Este magistrado pedía que le levantasen la suspensión de funciones hasta que se resuelva la querella que hay interpuesta contra él "por retardo malicioso" y que tramita en la actualidad el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad.
Calamita será juzgado a partir del 24 por el delito de demorar con mala intención los trámites instados por una mujer para conseguir la adopción de la hija biológica de su compañera sentimental. El juez supuestamente retrasó los trámites de esa mujer por cuestiones religiosas.
El Poder Judicial entiende que cabe mantener la suspensión. Calamita, en el escrito en que pide que se le levante la suspensión, lamenta su precaria situación económica. Según el juez, tal suspensión le está "condenando a trabajar en la economía sumergida" para poder dar de comer a su familia, compuesta por nueve miembros.
Explica también que los 1.200 euros mensuales que cobrará mientras siga suspendido apenas le dan para los gastos de alimentación y que los bancos no le conceden créditos en estas circunstancias, y que, al seguir siendo juez, está sujeto a un régimen de incompatibilidades que le impide ganarse la vida de otra forma.
"El interés general no impide que pueda seguir cobrando mis haberes hasta que haya sentencia", señala el juez. Ferrín Calamita se siente discriminado frente a resoluciones del Consejo General del Poder Judicial sobre otros magistrados.
