PP y PSOE ya pactaron disolver ayuntamientos

"Tiene sentido considerar que es especialmente dañoso para los intereses generales dar un apoyo al terrorismo por parte de un ayuntamiento; eso es ir directamente contra las obligaciones de una corporación local democrática". El 11 de diciembre de 2002, el portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso, Diego López Garrido, defendía con estas palabras que la relación con el terrorismo fuera un motivo para que el Consejo de Ministros pudiera disolver un ayuntamiento. Aquello debía figurar expresamente en una ley. Por eso, PP y PSOE, dentro de los acuerdos del Pacto Antiterrorista, presentaron ese año una proposición conjunta que acabó siendo La Ley Orgánica 1/2003 para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la Seguridad de los Concejales.

Esa ley modificaba otras cuatro para "hacer realidad la decisión de aislar a los terroristas, garantizando una mayor eficacia en el uso de los recursos de los que puede disponer nuestro sistema político", según rezaba su exposición de motivos. Una de las modificaciones fue añadir un punto 2 al artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, según el cual el Consejo de Ministros, con un informe favorable del Senado, puede disolver un ayuntamiento elegido democráticamente. La modificación amplió a cualquier apoyo o colaboración con el terrorismo. La ley, redactada ad hoc para Batasuna, parece hecha también para ANV.

La única vez que se ha aplicado el artículo 61.1 fue para disolver el Ayuntamiento de Marbella. Era abril de 2006. La decisión se tomó y ejecutó en días. Cuando el Senado tuvo que informar favorablemente, el presidente de la comisión competente, el socialista Juan José Laborda, no quiso que el asunto fuera un mero trámite y dijo: "Tenemos que adoptar una decisión grave, que afecta a los derechos de las personas y que, indudablemente, concierne al prestigio de la política". El punto 2, que ahora ha rescatado el PP para el debate político, no se ha aplicado nunca. De esas cuatro reformas que hizo la Ley 1/2003, el PSOE ha dado marcha atrás en una, que preveía que se podía cortar la financiación de un partido, aunque sea legal, sólo por ser sospechoso de colaborar con el terrorismo y sólo con la firma del ministro del Interior. El PSOE lo eliminó a través de la Ley de Financiación de Partidos en junio de 2007.