La juez prorroga el secreto del sumario del caso Bigastro

La juez que dirige la investigación por la supuesta trama de corrupción político-empresarial en el Ayuntamiento de Bigastro ha prorrogado el secreto de las diligencias hasta el próximo día 28 de diciembre. Por estos hechos, la magistrada ya ha imputado a un total de 11 personas, entre ellos cuatro empresarios, y otros tantos ediles socialistas de la Corporación.

La magistrada, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, tampoco ha resuelto el recurso de la defensa sobre la excarcelación del primer imputado, el ex alcalde socialista, Joaquín Moya, que ya cumple mes y medio como preso preventivo. Moya fue arrestado el 28 de octubre y tres días más tarde la juez acordó su ingreso en prisión por los supuestos delitos de prevaricación, cohecho, contra la ordenación del territorio y malversación de caudales públicos. El abogado del ex regidor ha señalado que si el próximo lunes la magistrada no se pronuncia sobre su demanda de libertad provisional acudirá en apelación a la Audiencia de Alicante. La juez rechazó el primer recurso de excarcelamiento porque su puesta en libertad podía interferir en la investigación.

José Joaquín Moya, tras 25 años al frente de la alcaldía de Bigastro, se ha convertido en el primer alcalde preso preventivo de la Comunidad Valenciana por corrupción política de la democracia. La estancia del ex primer edil en prisión supera ya la mitad del período de encarcelamiento de Luis Fernando Cartagena, ex alcalde de Orihuela y ex consejero de Obras Públicas, del PP, con condena firme por quedarse con 49.000 euros de unas monjas. Cartagena fue penado a cuatro años de prisión. No ingresó en la cárcel hasta cuatro años después de la sentencia y su paso por la prisión no llegó a los tres meses. Ahora, cumple la pena en su domicilio tras haber obtenido el régimen semiabierto. En cambio, sí continúa en prisión, el ex alcalde de Pego, el independiente Carlos Pascual, condenado a seis años por delito contra el medio ambiente.

Las diligencias del caso Bigastro proseguirán el lunes con la declaración como imputado de un nuevo técnico municipal. Con éste son 11 los imputados. Todos, salvo Moya, están libres con cargos. Con motivo del arresto del ex alcalde, la Guardia Civil también detuvo a otras tres personas (dos empresarios y el secretario de la Corporación). Días después, los agentes ampliaron la acusación a cuatro ediles del PSPV, entre ellos, el sustituto de Moya en la alcaldía, Raúl Valerio. El listado de imputados se ha completado con dos nuevos empresarios, y el mencionado técnico municipal.

La investigación judicial sobre esta trama de corrupción se centra en dos permutas de suelo municipal a cambio de sendos inmuebles entre el Ayuntamiento y dos empresarios locales. El suelo permutado, según la investigación, era zona verde.

Tras una de las permutas, José Joaquín Moya recibió supuestamente como regalo un lujoso turismo valorado en 60.00 euros. El ex regidor cambió el coche en un concesionario por un utilitario más modesto. Este supuesto cohecho, según fuentes del caso, ha sido el factor clave que determinó el encarcelamiento del ex alcalde. Moya no supo aclarar en su declaración ante la juez ni el origen del turismo ni el destino del dinero de su reventa.