González Pons defiende la adjudicación de las TDT

Esteban González Pons, portavoz de la Generalitat y consejero de Relaciones Institucionales y Comunicación en 2005, cuando se adjudicaron 40 licencias de explotación de canales de Televisión Digital Terrestre (TDT) en la Comunidad Valenciana, aseguró ayer que el concurso en cuestión fue "estrictamente legal". González Pons salió al paso de las acusaciones vertidas por el presidente de la Federación Valenciana de Televisión, Alejandro Rodríguez, quien declaró al diario Levante-EMV que el concurso fue "un desmadre de prebendas y adjudicaciones descaradas".

Rodríguez arremete específicamente contra José Luis Ulibarri, que controla 13 de licencias de TDT en territorio valenciano a través de la empresa Mediamed y que es uno de los imputados por el juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, en la supuesta trama de empresas corruptas controladas por personas vinculadas al PP.

Rodríguez asegura en unas declaraciones difundidas el sábado que, en 2005, Ulibarri "ya sabía que le iban a adjudicar 13 licencias porque me lo dijo a mí". En una época en la abundaban los canales de televisión local al margen de cualquier regulación administrativa, Ulibarri "iba diciendo que lo tenía claro y que quien no le vendiera a él la emisora de televisión se iba a quedar sin concesión", sigue Rodríguez.

El presidente de la Federación Valenciana de Televisión subraya, además, que las bases del concurso establecían que se primaría a los empresarios locales en las concesiones y recuerda que Ulibarri es de Castilla-León.

El comunicado difundido por González Pons apunta que Mediamed "ha aclarado que, en el momento de la adjudicación del concurso, José Luis Ulibarri era parte del accionariado de una empresa en la que primaba el accionariado valenciano" y "un conocido empresario valenciano" presidía la sociedad.

González Pons anunció que presentará "inmediatamente" una querella y destacó que "ante los rumores o historias falsas que malintencionadamente se están recibiendo en algunos medios de comunicación aprovechando la investigación abierta por la Audiencia Nacional y que nada tiene que ver con ésta", ejercerá las acciones legales oportunas "contra toda aquella persona física o jurídica, profesional de la información o no, que publique o difunda o comunique hechos no veraces" que pongan en entredicho su honor o su honradez.