Otro pequeño paso adelante
El Gobierno aprobó ayer el sexto conjunto de medidas contra la crisis económica, esta vez con la etiqueta de reformas estructurales orientadas a facilitar la creación de empresas y liberalizar los servicios mediante la trasposición de la directiva de liberalización de servicios de Bruselas. El conjunto lleva la marca de fábrica de casi todas las decisiones anticrisis del Gobierno: acierta en el tiro, pero tiende a quedarse un poco corto. Incluye una reforma de la Ley Concursal, una rebaja del interés de demora que pagan los contribuyentes a Hacienda del 7% al 5%, el mantenimiento indefinido de las deducciones por inversión en I+D+i y un anteproyecto de ley que permitirá modificar hasta 41 leyes para trasponer la directiva europea.
Sin duda, la sociedad española se beneficiará de una ventanilla única, de que quien quiera crear una empresa soporte menos cargas administrativas y de que desaparezcan algunas prerrogativas exageradas de los colegios profesionales, como la facultad de fijar tarifas orientativas o las restricciones publicitarias de los asociados. Ayudarán a la economía española después de que supere la recesión y el estrangulamiento financiero; pero quizá en estos momentos no resulten tan decisivas.
La prioridad es recuperar el flujo del crédito, para lo cual ya está claro que es necesaria una profunda reestructuración de parte de las entidades financieras, y estimular la actividad económica para frenar el rápido aumento del paro. Ambas tareas están a medio definir o a medio terminar. No resulta tranquilizador que una parte del dinero público girado a los ayuntamientos se esté gastando en peatonalizaciones de plazas y calles, cuando lo propio sería gastarlo, por ejemplo, en redes avanzadas de comunicación.
La liberalización de los servicios es inobjetable siempre que se mantenga la autoridad pública para exigir calidad. La desregulación no es sinónimo de patente de corso para quien presta el servicio.
