Facilidades para los jueces

"Un juez que quiera investigar a alguien tiene que mandar un centenar de faxes a todas las entidades financieras solicitándoles información sobre la persona en cuestión. En este tiempo, el investigado puede haber retirado todo su dinero y no haber dejado ni rastro". Esto es, según las palabras de un alto funcionario del Ministerio de Economía, uno de los problemas que el anteproyecto de ley tratará de evitar.

Si el texto ve finalmente la luz, un juez o un fiscal podrán consultar en qué entidades tiene cuentas una persona en concreto. "Sólo se verá la cabecera de la cuenta. Si esa persona es cliente o no. No nos interesa saber en qué se gasta el dinero la gente", añade este funcionario.

La primera ley antiblanqueo se aprobó en 1993. Desde entonces, varias entidades han sido multadas por incumplir su deber de vigilancia, que es proporcional al tamaño de cada unos de los "sujetos obligados", nombre legal de los vigilantes forzosos.

"Así como los grandes bancos tienen que tener un sistema informatizado, no sería razonable pedir a un joyero o un anticuario una infraestructura muy sofisticada para esta función", añade el alto cargo. Las amonestaciones por incumplimiento pueden ser privadas, públicas o cuantiosas multas que pueden superar el millón de euros. De hecho, una caja de ahorros española recibirá en breve una mala noticia por este asunto.