Delito urbanístico
La Dirección Xeral de Urbanismo, bajo mandato del PP, recurrió en tres ocasiones al Valedor do Pobo para hacer cumplir la legalidad en Oia. No surtió mayor efecto. El bufete de abogados que defiende los intereses de Insuiña en los tribunales negó ayer a este periódico cualquier información en relación con los procedimientos que se siguen contra ella o sus directivos. No obstante, aparte de las sentencias firmes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que anuló la licencia inicial y ordenó la demolición de lo construido por Insuiña en Mougás, un juzgado de Vigo sigue una causa penal contra el concejal de Urbanismo de Oia, Manuel Acevedo Díaz, y el gerente de Insuiña, Enrique de Llanos Monelos, por un presunto delito urbanístico derivado del papel de ambos en la construcción de la piscifactoría.
Hace unos días, el propio Ayuntamiento de Oia instó a Insuiña al "cierre inmediato" de sus instalaciones de Mougás, orden que tampoco ha surtido el menor efecto. Además, la empresa se enfrenta a un expediente de infracción por asfaltar el camino de acceso a la granja sin autorización de Costas.
