El juez imputa a empresarios vinculados a supuestos pagos al tesorero del PP
El Tribunal de Madrid investiga comisiones por obras que cobró la trama de Correa
La investigación judicial por la trama de corrupción masiva vinculada al PP arranca en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid con la vista puesta en el pago de comisiones ilegales por la concesión de obras públicas. Parte de esas comisiones ilegales, según los indicios recabados hasta ahora, podrían haber llegado a manos del tesorero nacional de los populares, el senador Luis Bárcenas.
Mariano Rajoy, presidente del PP, mantiene en su cargo a Bárcenas desde que estalló el escándalo de la trama de corrupción vinculada a su partido, pese a las evidencias contra el tesorero nacional apuntadas por el juez Baltasar Garzón en su auto de inhibición a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Un hermano del tesorero adjudicó, según el juez, obras sospechosas
Dinero de los constructores acabó supuestamente en manos de Bárcenas
El juez que instruye ahora la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, citó ayer como imputados para la próxima semana a seis personas: el líder de la trama corrupta, Francisco Correa; dos dirigentes políticos del PP, el diputado autonómico Alfonso Bosch y el ex viceconsejero de Inmigración del Gobierno de Esperanza Aguirre, Clemente Aguado; un abogado y dos empresarios que se dedicaban a la construcción.
Promotores
Los constructores son Enrique Carrasco y Alfonso García Pozuelo. Estos dos nombres aparecen escritos en los documentos de contabilidad requisados por agentes policiales en el curso de la operación judicial contra la trama de corrupción masiva que dirigía Francisco Correa. Sus nombres figuran vinculados al supuesto pago de comisiones ilegales, que se reparten entre los miembros de la trama y dirigentes políticos del Partido Popular.
En los registros contables de la trama corrupta, incorporados al sumario, figura un supuesto pago por parte de Enrique Carrasco a la trama corrupta de 17.500.000 pesetas (105.000 euros) de los que 4,5 millones (27.000 euros) fueron supuestamente a parar al bolsillo de Luis Bárcenas, identificado en los documentos que obran en el sumario del caso como L. B.
Por su parte, Alfonso García Pozuelo, otro de los nuevos imputados, es presidente de la Constructora Hispánica y pagó, según la investigación judicial, 925.000 euros a la red que dirigía Francisco Correa. Éste, a su vez, derivó 270.000 euros a "L. B.", supuestamente Luis Bárcenas.
La investigación de Garzón señala que existen indicios suficientes para sostener que Alfonso García Pozuelo hizo "pagos ilícitos a Francisco Correa en contraprestación a la intermediación para la adjudicación de proyectos urbanísticos en Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón", ambos municipios gobernados con una amplísima mayoría absoluta por el Partido Popular. Los alcaldes de estos dos municipios en el momento en que se produjeron los hechos, Arturo González Panero (Boadilla) y Jesús Sepúlveda (Pozuelo) fueron destituidos por la dirección madrileña del PP.
Un hermano del tesorero nacional del PP, según el auto de Garzón, "aparece vinculado a la Sociedad Urbanística Municipal de Pozuelo de Alarcón que ha realizado adjudicaciones a la constructora Hispánica", presidida por Alfonso García Pozuelo.
En las conversaciones grabadas por un ex concejal del PP en Majadahonda que denunció las prácticas de la trama de corrupción que dirigía Correa, quien se ufanaba de haber pagado "1.000 millones de pesetas" al que entonces era número dos del área de Tesorería del PP, Luis Bárcenas. Éste lo ha negado desde que se conoció el contenido de las grabaciones.
Durante los registros ordenados por el juez Baltasar Garzón en las sedes de las empresas de la trama corrupta, se requisaron documentos donde se reflejaba la contabilidad interna de la red. Y en esos documentos aparecían de manera insistente las siglas L. B. vinculadas al cobro de comisiones que pagaba la trama corrupta.
Los agentes policiales que investigaron el caso por orden del juez Baltasar Garzón hicieron informes donde identificaban a L. B. con Luis Bárcenas, el tesorero y senador del PP por Cantabria.
La Fiscalía Anticorrupción, que ha investigado el caso desde que el ex concejal del PP de Majadahonda (Madrid) lo denunció, ha mantenido múltiples dudas respecto a la implicación de Bárcenas en la trama corrupta y se ha pronunciado contra la remisión del caso al Supremo, el órgano judicial que sería competente para instruir la causa, dado que el tesorero nacional del PP es aforado al ocupar un escaño en el Senado.
La Fiscalía defendió que esa parte de la causa fuera también remitida al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se halla en la actualidad. En este órgano se tendrá que dirimir la presunta implicación de Bárcenas en el caso y, tras las diligencias pertinentes, podría enviarlo al Tribunal Supremo finalmente.
