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Los escándalos que afectan al PP

El juez barítono

El año pasado, la Orquesta de Valencia y el Orfeón Universitario interpretaron el Stabat Mater de Dvorak. Una de las voces del coro, uno de los barítonos, era el magistrado José Flors Matíes, que interrogará el martes al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por un supuesto delito de cohecho. La música y la montaña son las pasiones de un profesional del Derecho extraordinariamente técnico según quienes le conocen, que lo califican de jurista preciso. Perteneciente a la moderada Asociación Francisco de Vitoria, es poco o nada dado a corrillos y eventos de la esfera jurídica. Ronda los 60 años, lleva más de 30 vistiendo la toga, desde el Juzgado de Instrucción número dos de Valencia en sus inicios hasta la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

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Dirige la Revista jurídica y ha firmado decenas de análisis sobre leyes y códigos del ordenamiento español. Además de Camps, recibirá declaración en calidad de imputados del secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, del ex vicepresidente de la Generalitat Víctor Campos, del ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret y del responsable de Orange Market, Álvaro Pérez.

Flors está aguantando una extraordinaria presión, pero quienes le conocen dicen que es capaz de aislarse del ruido mediático del caso Camps, que le molesta, y de ignorar las presiones más o menos disimuladas del entorno profesional. No es el primer caso de relevancia política al que se enfrenta. Hace un año frustró las intenciones de Eduardo Zaplana cuando éste se querelló contra dos diputados autonómicos y dos empresarios por unas grabaciones que le vinculaban al cobro de comisiones ilegales en Terra Mítica. Y hace 11 años instruyó una causa contra el entonces consejero popular Luis Fernando Cartagena por supuesto delito fiscal en las cesiones de crédito del Santander. Mucho antes, en 1986, llevó ante un tribunal al juez Guillermo Forteza, que acabaría expulsado de la carrera.

José Flors, del barrio valenciano de Russafa, está casado y tiene dos hijos. En él están puestas las expectativas de un ejercicio de independencia judicial y finura jurídica.

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