La Junta prepara el mapa definitivo del urbanismo ilegal de Andalucía

Ha llegado la hora de contar. La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio cree que es el momento de ofrecer cifras oficiales. En Chiclana (Cádiz), por ejemplo, dependiendo del interlocutor y de sus ansias de agrandar el problema o de restarle importancia, el número de viviendas ilegales oscila entre las 10.000 y las 40.000. No existe un recuento exhaustivo que logre dimensionar los efectos del descontrol urbanístico. La Junta está ya trabajando en el primer inventario para trazar un mapa del urbanismo irregular en Andalucía. La premisa es clara: Conocer el tamaño del problema permitirá encontrar la solución.

Para acometer este reto, la Junta ha pedido la colaboración de los ayuntamientos. Cada Consistorio asume la responsabilidad de elaborar su propio plan de inspección urbanística. El Gobierno andaluz pondrá algunos medios y ayudas para estos trabajos pero el grueso de esta labor de recuento se ha encomendado a las administraciones locales, por ser las más cercanas al problema y las que tienen que dar diariamente respuestas a estas viviendas ilegales en materia de agua, luz, recogida de basuras o alcantarillado.

Los ayuntamientos deben presentar unas fichas individualizadas de cada una de las viviendas ilegales que existen en el municipio. En ellas se debe señalar el año de construcción, su superficie, su contenido, su propietario y cuál es su situación legal. Esas fichas permitirán elaborar un inventario completo del urbanismo irregular. Para ese trabajo los consistorios cuentan con sus propios registros y, para aquellas casas sin documentación, la Junta facilitará fotografías áreas actualizadas que permitirán señalar cada una de las construcciones y reclamarles a sus dueños o inquilinos la información.

El trabajo ya ha comenzado. En algunos municipios está muy avanzado. Es el caso de Chiclana, una ciudad donde han proliferado las casas ilegales en los últimos 30 años. Allí ya se ha iniciado un plan de regularización que pretende dar solución a la mayor parte de construcciones ilegales. "Creo que podrá estar listo antes de que se acabe este mandato. Es ponerle fin a un problema de muchos años", ha explicado el alcalde, el socialista José María Román.

Nadie quiere poner fechas al inventario de toda la comunidad. "No es lo mismo hacer un inventario en Chiclana o El Puerto de Santa María (con más de 50.000 habitantes) que en Grazalema (con 2.000). Dependerá del trabajo que vayan haciendo los ayuntamientos y su disponibilidad", explica el delegado de la Junta en Cádiz, Gabriel Almagro. La Junta reforzará su cuerpo de inspectores urbanísticos, cuya plantilla es de 25 personas. ¿Qué ocurrirá después del inventario? Muchas casas se regularizarán; otras, las menos, tendrán que derribarse. Pero, sobre todo, el plan busca evitar nuevas construcciones.