Usted mismo puede juzgar a Camps

¿Quiénes juzgarán al president Camps? ¿Podrá un jurado ser imparcial? ¿Cómo se garantizará la imparcialidad? La primera pregunta tiene respuesta clara: nueve ciudadanos de la provincia de Valencia serán seleccionados tras un complejo proceso de descarte de los 4.000 candidatos que ya están designados a partir del censo electoral desde otoño de 2008. Es una especie de bolsa de miembros del jurado en la reserva, ya disponible. Y, a partir del caso concreto, empieza la selección. Volveremos a ello más tarde.

Las otras dos preguntas suscitan un encendido debate. El procedimiento de selección de jurado tiene para unos suficientes filtros como para garantizar la mayor imparcialidad posible. Para otros, esa imparcialidad pasaría por conocer información de los aspirantes a jurado que difícilmente puede ser admitido que se les pregunte: por ejemplo, a quién vota.

Pedro Viguer: "No creo procedente averiguar el voto de un candidato"

El PP valenciano no quiere opinar, y el PSOE-PSPV defiende la fórmula de jurado

Fiscal Cussac: "Los ciudadanos son mucho más serios de lo que parece"

Para ser jurado hay que ser mayor de edad, español y saber leer y escribir

Un jurado absolvió a Mikel Otegi Unanue, juzgado por asesinar a dos 'ertzainas'

La madurez de los ciudadanos está en duda por veredictos que sorprenden

En el debate están también los casos de Mari Luz y de Marta del Castillo

Piñeiro Rial fue absuelto del asesinato de una pareja homosexual

En la parte valenciana del caso Gürtel son cuatro los imputados: Francisco Camps, presidente de la Generalitat; Ricardo Costa, secretario general de los populares valencianos; Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y actual asesor en la Diputación Provincial de Valencia. Y, si no hay cambios en la imputación por supuesto delito de cohecho que pesa sobre ellos, serán juzgados por un jurado siempre que el magistrado decida abrir juicio oral y no prosperen las impugnaciones y alegaciones que la ley prevé que puedan realizarse.

"El jurado no le gusta a casi nadie. Pero, cuando los ciudadanos se sientan en la sala, conocen sus responsabilidades, son mucho más serios de lo que nos puede parecer. Ésa es mi experiencia. Saben que su nombre va a aparecer en un fallo judicial. Creo en la madurez de los ciudadanos para afrontar éste y cualquier otro jurado en lo que a la imparcialidad se refiere. Siempre valoramos el fracaso del jurado por algunos fallos, absoluciones, que no han cumplido las expectativas. Pero ésa no es la constante", afirma Jaime Cussac, fiscal coordinador de la sección de jurado de Valencia.

Él es uno de los que defiende que se podrá llegar a conformar un jurado con la mayor imparcialidad posible para el caso Camps. Eso sí, cree que ningún magistrado admitiría que se preguntase abiertamente a quién vota un ciudadano, ni siquiera respecto a la militancia. "Entiendo que esas cuestiones son absolutamente privadas. Aún no hay nada escrito, lo que sí está claro es que ninguna pregunta puede atentar contra derecho alguno. Va a ser fundamental la estrategia de las partes en los interrogatorios, pero tienen límites". Sus dudas están en la complejidad del delito. "Es discutible el catálogo de delitos que se incluyen en el jurado. Tienen que ser delitos sencillos, con acciones que cualquier ciudadano pueda representarse. El paradigma es el homicidio. Pero, ¿por qué no violación, los delitos contra la libertad sexual, las injurias o las detenciones ilegales? Y sin embargo, ¿por qué sí el cohecho o la malversación de caudales públicos, que a veces a los propios técnicos nos cuesta entender?".

Cussac, que abiertamente ha criticado el "boicot que desde los jueces de instrucción se ha hecho al jurado por miedo, por reticencia y desconfianza", considera que el cohecho es un delito complejo de probar, y que el auto del magistrado-juez José Flors, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, demuestra lo importante de una prueba documental que es abundante y compleja, quizá demasiado para un jurado.

José Manuel Ortega, titular del Juzgado de lo Penal número 10 de Valencia y anterior juez instructor -suya fue la investigación del caso Maeso-, admite la reticencia al jurado y considera que la imparcialidad de un jurado como el que puede juzgar a Camps es la misma que podría asistir a un tribunal profesional.

"Todo es política", dice Ortega. "La proximidad o no de los imputados en este caso no es distinta para los ciudadanos que formen un jurado de la de un tribunal profesional. Es cierto que el procedimiento es muy encorsetado, pero lo es también que la ley establece una especial intervención de los ciudadanos en unos delitos, el cohecho incluido, y que hay cosas no previstas que se suscitarán en los cuestionarios a los jurados".

La Ley del Jurado, aprobada en 1995, establece un sorteo cada año par para que se extraiga a los candidatos a jurado de cada provincia. Después, cuando se presenta un asunto, por sorteo también, se comunica a 36 ciudadanos que han sido elegidos. En la comunicación va un cuestionario que debe ser devuelto cumplimentado y que sirve como una primera criba.

Para ser jurado hay que ser mayor de edad, español, saber leer y escribir, ser vecino de la provincia en la que se ha cometido el delito que se va a juzgar y no estar afectado de una discapacidad física o psíquica que impida esa función. No pueden ser jurado quienes han sido condenados por un delito doloso y no se han rehabilitado, quienes estén procesados con juicio oral ya determinado, cumpliendo pena o en prisión provisional. Y tampoco los que estén suspendidos, en un procedimiento penal, en su empleo o cargo público, mientras dure esa suspensión.

Es incompatible el ejercicio como jurado para cualquier miembro de la Casa Real, de la carrera judicial, del Gobierno, de los funcionarios relacionados con la justicia, de las fuerzas y cuerpos de la seguridad en activo, de instituciones penitenciarias. Podrán excusarse los mayores de 65 años, los que hayan sido jurado en menos de cuatro años, los que tengan una carga familiar para la que el juicio es un trastorno, los que tengan un trabajo en el que sea perjudicial su ausencia, los que residan en el extranjero, los militares en activo que tengan servicio y los que aleguen una causa que les dificulte el desempeño de la función. Evidentemente, no pueden ser jurado quienes actúan como acusador o son testigos de la causa o tienen una relación o interés con alguna de las partes.

Una vez devueltos los cuestionarios, y siempre que quede un número mínimo de 20, serán convocados para formar jurado los que no cumplan ninguna de las excepciones mencionadas. Y será justo antes de que empiece el juicio cuando las partes podrán hablar con ellos y recusar a un máximo de ocho (cuatro por las acusaciones y cuatro por las defensas).

¿Ser militante, afiliado, simpatizante o votante es tener algún interés con alguna de las partes? El abogado Manuel Mata considera que en el caso Camps sí debería el magistrado presidente del tribunal de jurado permitir saber si el aspirante es o no militante. "No importa de qué partido. En este caso, el PSOE-PSPV está personado como acusación popular. Por tanto, es importante. Lo que no creo es que se les pueda preguntar en ningún caso a quién vota. Es cierto que puede parecer que por el hecho de tener en el banquillo a un presidente autonómico, al propio, al de la comunidad de uno, a una persona que es próxima porque todos los días de uno y otro modo lo ves, parece que complica la distancia sobre lo ocurrido. Creo que, en este caso, no es tanto un juicio en el que sea importante la ideología. Son importantes los valores de honestidad, de respeto, el concepto de lo público. Ésas serán las claves. Uno puede tener cualquier ideología, incluso simpatizar con un determinado partido, pero eso no le hace ciego a los deberes y obligaciones como responsable público. La estrategia en los interrogatorios será apasionante". Según él, "éste es el momento en el que tenemos precisamente que poner en valor el jurado".

En la misma línea se muestra el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer. "No creo que sea procedente averiguar el voto de un candidato a jurado. Eso pertenece a su estricta intimidad. Y tengo dudas respecto de la militancia", dice. "Tal vez, en términos genéricos, sin precisar. Creo que la imparcialidad no está en duda porque se trate de políticos. Precisamente, la ley quiere que sean los ciudadanos, con su ideología, con su visión de la política, los que participen en el enjuiciamiento del cohecho. ¿Hasta dónde deberíamos depurar? ¿Serían más imparciales ciudadanos de otra provincia, de otra autonomía? ¿Quién no sabe en España de este asunto? ¿Quién no tiene una opinión? No tiene sentido. Será tan imparcial como lo son en otros jurados de otras materias".

El PP valenciano no ha querido opinar y desde el PSOE-PSPV se defiende la fórmula del jurado, pero consideran que debería permitirse preguntar a los aspirantes a jurado sobre su militancia y rechazar a aquellos que están afiliados a cualquier partido.

La madurez de los ciudadanos y su capacidad para distanciarse de presiones, simpatías, antipatías e ideas preconcebidas está en duda por veredictos que han sorprendido. No en el caso del cohecho, donde el único aforado juzgado por un jurado en España por ese delito fue el fiscal vallisoletano Antonio del Hoyo, en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. De él recibió, y así lo reconoció, 50.000 pesetas (300,5 euros) del abogado Jesús Verdugo en 1996, contra el que tenía un juicio por haberse negado a que le practicaran la prueba de alcoholemia en un control. Fue condenado a dos años de suspensión del cargo y a una multa de 200.000 pesetas de entonces (1.202 euros, casi 55.000 según el aumento del IPC). Sin embargo, en otros casos, la experiencia ha sido bien distinta (aunque en la estadística, de unos 600 juicios por jurado de media en España desde 1996, son una minoría).

El 6 de marzo de 1997 un jurado popular absolvía a Mikel Otegi Unanue, juzgado por asesinar a dos ertzainas en Itsasondo, Guipúzcoa, en 1995. Incluso el Tribunal Constitucional respaldó esa absolución, pese a que tanto el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco como el Tribunal Supremo ordenaron repetir el juicio porque el veredicto que estimaba un trastorno mental transitorio no estuvo suficientemente motivado. El miedo y las amenazas fueron los elementos clave del debate suscitado. ¿Debería permitirse que en casos de excepcional vinculación y riesgo que el jurado se celebrara en una provincia distinta de la que ocurrieron los hechos? Según Cussac, sí. Éste es probablemente el paradigma de que algunas cosas deben reformarse en la ley.

En Galicia, Jacobo Piñeiro Rial fue absuelto recientemente del asesinato a puñaladas, 57, de una pareja homosexual en Vigo, en julio de 2006. La fiscalía y la acusación particular han recurrido la sentencia. La versión del procesado caló en el jurado: cometió el doble crimen "con el único propósito de defenderse de ser muerto o violado". El jurado estimó que no quedó probada su intención de acabar con la vida de las dos víctimas y sí que actuó bajo los efectos del alcohol y la cocaína. Para Manuel Mata el fallo no es del jurado, es de las partes. El fiscal coordinado de Valencia considera que es muy importante ser claro, preciso, focalizar en los aspectos más importantes, insistir en los aspectos determinantes, hacer buenos interrogatorios y construir un adecuado objeto de veredicto.

No son los únicos casos. Ahora, en el debate están las próximas y más inmediatas citas, además de la de Francisco Camps: las de los casos de Mari Luz y de Marta del Castillo.

El caso de Mari Luz Cortés, la niña de Huelva que desapareció el 13 de enero de 2008 y por cuyo asesinato e intento de abuso sexual está procesado Santiago del Valle, también podría ser juzgado por un tribunal popular. Lo ha solicitado Manuel Domínguez, abogado de Rosa del Valle, hermana del pederasta, también acusada de asesinato por ayudarle, supuestamente, a deshacerse del cuerpo de la pequeña, informa Lidia Jiménez.

La resolución, según Domínguez, podría conocerse sobre el día 20 de este mes. Si la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva aceptara el procedimiento del tribunal popular, el juicio podría retrasarse aún más tiempo.