Clinton afirma que EE UU apoya la labor de la Corte Penal de La Haya
La secretaria de Estado lamenta que el Congreso no ratificara el tratado
La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, expresó ayer el apoyo de su Gobierno a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, y dijo que el hecho de que EE UU no se haya unido a este tribunal -destinado a juzgar genocidios, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad- es motivo de "gran pesar". Se trata de otro giro respecto a la política exterior de la anterior Administración, ya que en sus ocho años en la Casa Blanca George Bush ignoró el tribunal e incluso retiró la adhesión inicial de EE UU, autorizada por Bill Clinton en 2000.
La secretaria de Estado se encontraba ayer en Kenia, la primera parada en su viaje de 11 días a África. En Nairobi, visitó el lugar donde el grupo terrorista Al Qaeda bombardeó la Embajada norteamericana en 1998, un ataque en el que fallecieron más de 200 personas. Después de una emotiva ceremonia, Clinton decidió hacer patente su frustración con los líderes políticos locales, que se han negado a crear un tribunal especial que juzgue a los responsables de una oleada de violencia que estalló después de las elecciones presidenciales de 2007 y en la que murieron más de 1.000 personas, según la prensa local.
Durante sus ocho años en la Casa Blanca George Bush ignoró el tribunal
"He insistido para que el Gobierno keniano encuentre el modo de solucionar el problema por sí mismo", dijo. "Si no, los nombres que han sido entregados a la Corte Penal Internacional (CPI) se revelarán y comenzará una investigación". Se refería Clinton a una lista de nombres de sospechosos de instigar la violencia que el ex secretario general de Naciones Unidas Kofi Annan entregó al CPI en julio. Pero las autoridades kenianas prefieren que a esas personas se las juzgue en el sistema judicial nacional, conocido por su corrupción y su lentitud.
Clinton se encontraba en un debate en la Universidad de Nairobi cuando una estudiante decidió exponerle la contradicción de que, precisamente, un representante de Estados Unidos conjurara a una organización como el CPI, en el que no han entrado ni ese país, ni China, Rusia, Israel o India. La secretaria de Estado respondió que, para ella, es motivo de "gran pesar, pero es un hecho". "Aun así, hemos apoyado al tribunal, y seguiremos haciéndolo", añadió. "Creo que podríamos haber sorteado algunos de los desafíos que le planteaba a nuestro Gobierno nuestro ingreso, pero eso todavía no ha sucedido".
Fue el marido de Clinton, en su último mes como presidente, quien firmó el tratado de adhesión. Fue el 31 de diciembre de 2000, el día que se reconocía como fecha límite en el Tratado de Roma, que fundó la CPI en 1998. "Lo hacemos para reafirmar nuestro apoyo a una mayor responsabilidad internacional y para traer ante la justicia a aquellos que perpetran genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad", dijo entonces el presidente. Cuando le pasó el testigo a Bush, semanas después, todavía no había enviado el tratado al Congreso para ratificarlo.
Durante la presidencia de Bush no sólo no se ratificó, sino que se retiró la firma inicial. El 6 de mayo de 2002, el secretario norteamericano ante Naciones Unidas, John Bolton, anunció tal decisión. El entonces secretario de Defensa Donald Rumsfeld dijo en un comunicado que el tratado tenía "grandes fallos". "Hay un grave riesgo de que el CPI intente reclamar jurisdicción sobre miembros en activo del Ejército de EE UU, así como sobre civiles, encargados de operaciones antiterroristas y militares, algo que no podemos permitir", explicó. Un año después, EE UU invadió Irak.
Aunque el presidente Obama no ha revelado todavía si se adherirá al tribunal de nuevo, su Gobierno ha alabado en repetidas ocasiones la labor de esa organización. Su embajadora ante la ONU, Susan Rice, dijo en febrero que es "un importante y creíble instrumento para exigirles responsabilidades a aquellos líderes a los que se considera responsables de las atrocidades cometidas en Congo, Uganda y Darfur".
Objetivo, el terrorismo somalí
Una de las grandes preocupaciones de EE UU en el Cuerno de África es el terrorismo de corte islamista, inspirado en la red de Al Qaeda, que opera a su antojo en Somalia, un país donde la autoridad del Gobierno está en serio peligro. Ayer, en su visita a Kenia, Hillary Clinton se reunió con el presidente somalí, el jeque Sharif Sheikh Ahmed, un islamista moderado, y se comprometió a seguir armando a su Gobierno en su lucha contra la organización yihadista Al Shabab.
"No hay duda de que Al Shabab aspira a controlar Somalia y usarla como una base desde la que ejercer su influencia e infiltrarse en países vecinos para lanzar ataques contra naciones cercanas y lejanas", dijo la secretaria de Estado en una conferencia de prensa. "Ven a Somalia como un refugio seguro desde el que lanzar ataques terroristas globales". Naciones Unidas estima que Al Qaeda ha enviado a unos 300 yihadistas a Somalia para derrocar a Sheikh Ahmed, en el poder desde enero.
Clinton anunció, además, que armará a Sheikh Ahmed y a la misión de paz de la Unión Africana que lo apoya. El pasado mes de junio, el presidente Barack Obama ya envió 40 toneladas de armamento y munición a Somalia para apoyar al Gobierno local en el sitio al que los islamistas rebeldes han sometido a la capital, Mogadiscio. A pesar de la ayuda, Sheikh Ahmed sólo controla un puñado de calles en aquella ciudad. Desde que comenzara el asedio, 140.000 personas han abandonado sus viviendas. Los rebeldes controlan ya una gran parte del país, sobre todo en las zonas del sur y el centro.
El hecho de que EE UU haya decidido armar a Somalia es un indicativo de la preocupación que existe en Washington por el terrorismo islamista y la piratería. La Casa Blanca no se ha querido inmiscuir excesivamente en los asuntos internos de ese país desde la humillante retirada de 1993, cuando una misión de paz autorizada por Bill Clinton se convirtió en una emboscada de proporciones nacionales.
"Es hora también de que Eritrea ponga fin y renuncie a su apoyo a Al Shabab", añadió Clinton. Eritrea, un país de un solo partido, de inspiración marxista, y en el que no hay elecciones, ha estado en el punto de mira de Estados Unidos desde hace tiempo por armar a los rebeldes somalíes. Clinton exigió ayer a su Gobierno que detenga el envío de fondos y armas, para darle algo de oxígeno al Ejecutivo somalí.
Estados parte
- 139 Estados han firmado el Estatuto de Roma, que constituyó la Corte Penal Internacional, pero sólo 110 lo han ratificado.
- Bill Clinton firmó el Estatuto en los últimos días de su mandato, sin embargo el Congreso nunca llegó a ratificarlo. En 2002, EE UU e Israel retiraron su firma.
- Los países europeos son los mayores defensores de la CPI. China, Rusia, Pakistán o India tampoco han ratificado el Estatuto.
Justicia universal
- La Corte Penal Internacional (CPI) tiene sede en La Haya y entró en funcionamiento en 2002 con vocación de acabar con la impunidad de los crímenes más terribles.
- Fue constituida por el Estatuto de Roma (1998) y comenzó a funcionar cuando alcanzó las 60 ratificaciones.
- Tiene competencia sobre crímenes de guerra, genocidio y otras violaciones de los derechos humanos cometidas por individuos de los Estados parte o en el territorio de un Estado parte, así como en los casos que le asigne el Consejo de Seguridad de la ONU.
- La ONU ha establecido tribunales ad hoc para juzgar los crímenes en la antigua Yugoslavia, Sierra Leona y Ruanda, pero la CPI es la primera corte con carácter permanente y nacida
de un tratado multilateral.
- Investiga cuatro grandes casos, todos ocurridos en África: Uganda, República Democrática del Congo, República Centroafricana y Sudán. El primer juicio comenzó en enero contra Thomas Lubanga por reclutar a niños soldado en la guerra civil del Congo entre 1999 y 2003. En marzo, Omar al Bashir, presidente de Sudán,
se convirtió en el primer jefe de Estado perseguido por la CPI, por los crímenes en la región de Darfur.
