Cataluña legisla sin esperar a la sentencia sobre el Estatuto
Mañana se cumplen tres años de una norma que ya ha inspirado 52 leyes
Ley de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno, Ley del Consejo de Garantías Estatutarias, Ley de Educación, Ley de Creación de la Agencia Tributaria... Sin esperar la sentencia del Tribunal Constitucional, el Parlament sigue tramitando y aprobando leyes tanto de desarrollo básico de la carta autonómica como con un fuerte impacto en su despliegue. Mañana se cumplen tres años desde que el Estatuto entró en vigor y desde entonces la Cámara catalana ha aprobado 52 leyes. Dos de ellas (Ley de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno y Ley del Consejo de Garantías Estatutarias) desarrollan directamente preceptos que fija el texto. El resto tienen siempre como base la carta autonómica. Tres constitucionalistas consultados coinciden en que el hecho de que Cataluña siga adelante con el despliegue del Estatuto es lo normal, porque mientras nadie diga lo contrario es enteramente legal y vigente.
El texto, aunque esté impugnado, es vigente, según varios constitucionalistas
Pero no sólo el Parlament sigue adelante con el despliegue estatutario sin esperar la decisión del alto tribunal. Tampoco ha esperado el Gobierno español al pactar con la Generalitat el nuevo modelo de financiación o sellar traspasos como el servicio de trenes de cercanías y la inspección de trabajo. "El Estatuto está impugnado, pero plenamente vigente", recuerda el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona Enoch Albertí. "La impugnación no suspende su aplicación de hecho como ley vigente y se debe aplicar", subraya. Llegado el momento de la sentencia, Albertí explica que "habría que ver caso por caso" las afectaciones, en caso de que el alto tribunal anulara partes de la carta autonómica. "En materia de financiación", por ejemplo, "no afectaría en nada, y en los traspasos, el Gobierno podría buscar otros instrumentos que habilitaran, que soportaran los traspasos".
El también constitucionalista de la Universidad Autónoma de Madrid Antonio Arroyo considera "lógico" el despliegue estatutario. "Es su obligación, lo raro sería que estuvieran esperando con los brazos cruzados", dice, y recuerda que las normas que se están aprobando "gozan de una amplia legitimación democrática: el Estatuto recibió el apoyo de la mayoría del Parlament, se aprobó en las Cortes y se consultó a la ciudadanía en referéndum". Arroyo se muestra esperanzado en que la "interpretación del Constitucional sea respetuosa. Y si declarara preceptos inconstitucionales", añade, "habría que revisar si goza de título competencial suficiente según el Estatuto".
También ve normal el despliegue estatutario el constitucionalista de la misma universidad Juan José Solozábal. "De hecho", afirma, "pone de manifiesto la situación anómala que se desprende de la tardanza del pronunciamiento, que muestra la torpeza de la maquinaria". Ello no quita que Solozábal se muestre partidario de la "prudencia" a la hora de desarrollar el Estatuto. "Las 165 impugnaciones son desorbitadas, pero sí puede haber cinco o seis puntos difíciles, como el Síndic de Greuges, que sería prudente no desarrollar, y hablo más en términos jurídico-constitucionales que en términos políticos".
El presidente del Parlament, Ernest Benach, defiende el "buen ritmo de producción" en el despliegue del Estatuto. "Hemos alcanzado velocidad de crucero", se congratuló durante el balance del curso parlamentario, celebrando tanto el desarrollo de preceptos directos del Estatuto, como el Consejo de Garantías Estatutarias, como "competencias o aspectos que prevé el texto". Con vistas a la sentencia del Tribunal Constitucional, Benach subrayó "la gran cantidad de filtros de constitucionalidad" con los que cuenta el Estatuto y subrayó que, "sin necesidad de ponerse nerviosos", la institución "debe estar preparada" ante un fallo desfavorable. El presidente del Parlament considera que "en caso de conflicto, ya que fue la institución que promovió, aprobó y desarrolla el Estatuto, sea el Parlament el que dé una respuesta clara, contundente y sin matices".
De la Ley de Educación a la de la Vivienda
Éstas son algunas leyes aprobadas o en trámite al amparo del despliegue del Estatuto.
- Ley de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno, y Ley del Consejo de Garantías Estatutarias. De todas las leyes aprobadas desde 2006, estas dos son necesarias para desplegar preceptos del texto. La primera, aprobada en noviembre, regula el estatuto del presidente de la Generalitat y la organización del Gobierno. La segunda, aprobada en febrero, regula el consejo que evaluará si otras normas se adecuan al Estatuto. El Parlament discute ahora la elección de sus miembros.
- Ley del Síndic de Greuges. Aún en trámite. Regulará el estatuto personal del síndic, sus incompatibilidades y las atribuciones de la institución. El síndic goza de autonomía reglamentaria, funcional y presupuestaria, y es uno de los puntos del Estatuto sobre los que se pronunciará el Constitucional.
- Ley Electoral. El tripartito abrirá en otoño la ponencia para tramitar esta controvertida ley: Cataluña es la única autonomía sin ley electoral propia y la cuestión más polémica es la ponderación de la representatividad de los territorios. Necesita dos tercios de la Cámara para ser aprobada.
- Ley de Educación. Aprobada con el apoyo de CiU, el tripartito la considera la más importante de la legislatura. La ley busca aumentar la profesionalización de los docentes y directivos de los colegios. Tiene puntos de los que se desmarcó ICV, como el mantenimiento de los conciertos a escuelas que segregan a alumnos por sexo.
- Ley de Creación de la Agencia Tributaria. Aprobada en julio de 2007, esta agencia está creada para gestionar los impuestos recaudados en Cataluña, por medio de un consorcio con participación paritaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Agencia Tributaria de Cataluña. CiU denuncia que en el pacto de financiación ni siquiera se cita al organismo.
- Ley del Derecho a la Vivienda. Pionera en España y luego casi copiada por otras comunidades. Costó tres años aprobar esta ley por la dificultad de poner de acuerdo a promotores de vivienda pública y privada, bancos, ayuntamientos y vecinos. Prevé el alquiler forzoso de viviendas de núcleos urbanos que lleven más de dos años vacías y obliga a los promotores a ceder para equipamientos un porcentaje del suelo que edifiquen.
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