PP e IU denuncian "una improvisación" que obedece a intereses "de amigos"

La figura legal elegida para aprobar la TDT de pago, el real decreto ley, exige que sea convalidado por el Congreso de los Diputados, pero impide el debate y la participación de los grupos políticos para que puedan enmendarlo. Tan solo se manifiestan con rotunda claridad en contra de este procedimiento el PP e Izquierda Unida. Ambos hablan de "amiguismo" del Gobierno.

"Por un lado, se trata de una improvisación en un sector clave", afirmaba ayer el diputado Carlos Floriano, secretario de comunicación del PP, que precisamente interpeló al ministro de Industria, Miguel Sebastián, sobre este tema en junio. "Por otro, tiene el tufillo de que lo que se trata es de propiciar el beneficio de los amigos". Concretamente, "se defienden intereses de los más amigos, que se encuentran en Mediapro".

Para el PP, esta modalidad de televisión debería regularse dentro de la Ley General Audiovisual, con enmiendas y participación de los grupos parlamentarios. "Creo que el Gobierno no va a dar ninguna oportunidad a los grupos, porque esto no es ajeno al inicio de la Liga" en septiembre, anticipó Floriano.

Desde Izquierda Unida, su portavoz parlamentario, Gaspar Llamazares, exigió igualmente que el decreto se convierta en proyecto de ley y, sobre todo, se discuta en el marco de la Ley General Audiovisual. "Es evidente que en el campo audiovisual el Gobierno no está moviéndose por valores sino por intereses y nos vamos a oponer", señaló Llamazares.

Todavía no muestran una posición definitiva los partidos catalanes. Joan Ridao, portavoz de ERC, no obstante, critica que el Gobierno lleve a cabo "la voladura del sector audiovisual", sin una visión de conjunto. Con ellos no ha pactado aunque Ridao cree que sí ha pactado "con otros". Los republicanos tratarán de que este modelo no afecte a las televisiones autonómicas. CiU dará su opinión "cuando conozca el decreto".